El jucio de faltas por el que ocho activistas se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros por supuestamente haber intentado evitar el paso de la comisión judicial que finalmente desahució a una mujer gravemente enferma del corazón, y que tenía previsto celebrarse este jueves, ha acabado por aplazarse. ¿El motivo? La detención de una de las personas encausadas, Feli Velázquez, uno de los rostros más conocidos de la lucha por el derecho a la vivienda en Madrid.

Velázquez fue retenida por la Policía a las puertas de los juzgados tras negarse a facilitar a los agentes su DNI, a los que sí proporcionó la citación judicial que reclamaba su presencia en las dependencias judiciales de la Plaza de Castilla de Madrid a las 11.45 horas. De allí fue trasladada a la comisaría del barrio de Moratalaz, sede de la brigada de Información de la Policía, donde quedó en libertad con cargos tres horas después. Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que forma parte, han confirmado que se le acusa de desobediencia a la autoridad.

Velázquez se negó a proporcionar su documentación después de ver que la Policía estaba identificando a todas las personas que habían acudido a las inmediaciones de los juzgados a dar su apoyo a los ocho encausados. De hecho, los agentes comenzaron a requerir la documentación cuando un grupo que no llegaba a la veintena ya se encontraba concentrado frente a las dependencias judiciales, lo que provocó las protestas de los activistas. De hecho, Velázquez entró en el furgón policial entre gritos de '¡Vergüenza!' o '¡Estado policial!'. 'Han impuesto la política del miedo. Lo que quieren es que no vengamos, que no nos manifestemos, pero no lo van a conseguir', relató José Posada, uno de los concentrados.

Varios testigos aseguran que el protocolo de actuación que siguieron los miembros del 15-M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el intento de paralización de ese desahucio, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2012 y por el que irán a un juicio que tras el aplazamiento de hoy todavía no tiene fecha, fue el habitual: 'apostar por la resistencia pacífica' frente a la 'violenta' actuación de la Policía. José Manuel Hernández, el abogado de la PAH que les asiste, confía en que todos resulten absueltos. 'El atestado policial no es muy duro', señaló a Público.

No obstante, si finalmente se les condena por una falta leve de desobediencia, podrían ser castigados con una multa de entre diez y sesenta días a razón de una cuota diaria que puede oscilar entre los dos y los 400 euros, según se recoge en los artículos 634 y 50.4 del Código Penal. Tirando por lo alto, podrían enfrentarse, por tanto, a una multa de hasta 24.000 euros. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario estiman esta sanción como 'poco probable', pues la cuantía a pagar se establece en función de las circunstancias personales de los condenados. 'Lo habitual suele ser una cuota diaria de entre 5 y 6 euros', señalan estas mismas fuentes. En este caso, en el caso de ser condenados, la multa se reduciría considerablemente.