La segunda huelga de jueces en la historia de España tenía lugar el jueves, convocada en solitario por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y con el rechazo del Ministerio de Justicia.

La participación a las 14:00 horas era del 23,02 por ciento, según los datos facilitados por el órgano rector de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial dijo en un comunicado que de los 4.353 juces y magistrados que ejercen en España, secundaban el paro 1.046.

El ministro Francisco Caamaño la calificaba el miércoles de "incomprensible", mientras que esta asociación de tendencia conservadora, que es mayoritaria en la carrera judicial, la defiende como un una reacción necesaria ante la falta de acuerdo con las propuestas del Gobierno.

La primera huelga se celebró el pasado febrero, convocada por las otras tres asociaciones, cuando aún era ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Tras su dimisión, una semana después, asumió el cargo Caamaño, que inició una ronda de negociaciones con las asociaciones que representan a los jueces del país.

"Una vez culminado ese proceso de negociación tenemos una oferta encima de la mesa, la hemos analizado y hemos exteriorizado nuestra voluntad de no aceptarla", declaró en Radio Nacional de España Antonio García Martínez, portavoz de la APM.

"Consideramos la propuesta del ministro insuficiente e insatisfactoria, reconocemos que aunque se ha hecho un esfuerzo presupuestario, máxime en esta situación de crisis, no se va a conseguir, como tan enfáticamente proclama el ministro, cambiar la faz de la Justicia española, y muchísimo menos en ese periodo de tres años con el que trabaja el actual equipo ministerial", explicó.

La convocatoria de febrero pedía mejorar las condiciones de trabajo de los jueces y una modernización de la Justicia. Entre sus quejas figuraban la necesidad de modernización del sistema judicial, con nuevas tecnologías, la conciliación de la vida laboral o seguir controlando el señalamiento de los juicios, competencia que reclaman los secretarios judiciales.

El Gobierno aprobó en septiembre el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, con un presupuesto de 600 millones de euros.

10,4 (jueces por habitante) al 11,2? Seguiremos estando a la cola de toda Europa", dijo García Martínez.

"Tenemos muy serias dudas de que ese plan sea posible en tres años, no va a conseguir resolver las carencias de la Justicia".

El portavoz de la asociación afirmó que la convocatoria obedece a la creencia de que el Gobierno ha cerrado el diálogo en ciertas cuestiones "absolutamente prioritarias".

Ante la pregunta de si es cierta la reclamación del Gobierno de que ha incluido el 85 por ciento de las reivindicaciones judiciales, García Martínez respondió: "Puede que sí, si tomamos esto como aritmética, el ministerio ha ofrecido soluciones a las cuestiones menos comprometidas y menos complejas y ha tirado adelante sin las cuestiones más complicadas".

Desde otra de las asociaciones, la Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero mostró su disconformidad con el paro.

"Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico sobre la situación de la Justicia y sobre las reformas que planeta el ministerio, pero otra cosa es estar de acuerdo sobre la necesidad o la oportunidad de hacer en estos momentos, cuando el proceso negociador sigue abierto, una huelga", declaró también en RNE.

"EL DIÁLOGO SIGUE ABIERTO"

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, negó que el diálogo se haya cerrado y afirmó que hay un calendario de negociaciones hasta septiembre de 2010, pero indicó: "No es un problema de tener temas cerrados o no, pero hay que ir avanzando".

Campo explicó que ya hay un paquete legal "con el 85 por ciento de las reivindicaciones que nos habían planteado los jueces" que el miércoles aprobó el Senado y que la semana que viene ratificará el Congreso.

Además destacó que "contamos con un esfuerzo presupuestario como no ha habido otro, un crecimiento del 13,8 en relación al año anterior".

Campo también recordó que el CGPJ ha calificado la huelga de "alegal", aunque la APM aseguró que "no estamos haciendo nada que no podamos hacer".