Aprobada la ley que limita las grasas, la sal y los azúcares en los colegios

El Congreso ha dado hoy luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.

Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.

Los grupos parlamentarios han rechazado una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término "añadidos" a los azúcares.

La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado.

Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en el que ha intervenido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos han coincidido en valorar la necesidad de la ley y han destacado su importancia.

La ministra ha asegurado que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas.

La ley, según la ministra, "encaja perfectamente" en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

"Lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania el no disponer de esa coordinación sólida y eficaz", ha dicho Pajín, que ha recordado que la tramitación final de esta norma ha coincidido con una crisis alimentaria, la del pepino, que ha afectado a toda Europa y especialmente a los productores españoles.

La ministra ha incidido en que los objetivos de la ley tratan, además, de generar estrategias que fomenten la promoción de la salud, así como asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos.

La titular de Sanidad ha rechazado, como critica el PP, que la ley sea intervencionista, sino que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento y a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador.

"Es una de esas leyes que merece mucho la pena aprobar", ha subrayado Pajín.

En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.

Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.

La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea "veraz y exacta".

En este sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha lamentado que la ley no haya ido más allá respecto a la publicidad, sobre todo la dirigida a los niños, teniendo en cuenta la alta prevalencia en España de la obesidad infantil.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha asegurado que la ley cumple los requisitos que se proponía y salvaguarda las competencias autonómicas y municipales en materia de seguridad alimentaria.

La diputada de CiU María Concepció Tarruella ha considerado que la ley establece elementos para trabajar en la prevención de la obesidad infantil y ha destacado la importancia de que la ley recoja la trazabilidad de los alimentos.

Por su parte, la diputada del grupo popular Belén Docampo ha considerado que la ley debería ser más ambiciosa y menos intervencionista "en algunos casos", y se ha mostrado en contra de que el Gobierno imponga la prohibición a los centros escolares de vender ciertos alimentos y bebidas.

El diputado socialista Francisco Fidalgo ha señalado que la aprobación de esta ley ha demostrado que la política y las Cortes están al servicio del interés de los ciudadanos, de su calidad de vida, de su salud y de su seguridad, "de la vida real, en una democracia real".