Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en su proceso de muerte, más conocida como Ley de Muerte Digna. Aragón se convierte así en la segunda comunidad, tras Andalucía, en aprobar una ley sobre cuidados paliativos, una materia que será objeto en breve de una ley estatal sobre la que trabaja el Gobierno central.

La norma aragonesa, impulsada por Izquierda Unida, fue apoyada por PSOE, Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, y contó con la oposición del Partido Popular. Su portavoz, Ricardo Canals, criticó que la ley supone una "trampa" para avanzar hacia la eutanasia, un aspecto que la ley no entra a regular.

La ley recoge los derechos del paciente durante el proceso de muerte y los deberes del personal sanitario en el mismo ámbito, aunque no aborda el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. Según el impulsor de la norma, Adolfo Barrena (IU), el objetivo de la ley es proteger la dignidad del paciente y asegurar la autonomía del paciente, incluyendo la manifestada a través del testamento vital. Por su parte, la consejera de Salud, María Luisa Noeno, aseguró que la ley preserva el "libre" ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos cuando afrontan su muerte y, a la vez, facilita a los profesionales que puedan atender "la libre expresión de los pacientes".