Aragón podría pedir el fin del decreto de abastecimiento de agua a Barcelona

El Gobierno de Aragón se reunirá esta semana en Consejo Extraordinario, el jueves o el viernes, para decidir si pide formalmente que expire la validez del decreto de abastecimiento de agua del Ebro a Barcelona, una vez superada la situación de emergencia gracias a las últimas lluvias.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han informado a Efe de que tras las últimas lluvias, en los embalses de las Cuencas Internas de Cataluña se almacenan más de 170 hectómetros cúbicos y se supera, por tanto, la Situación de Excepcionalidad II, fijada por la Generalitat de Cataluña en 165 hectómetros cúbicos y que es la que obliga a adoptar medidas de urgencia para los abastecimientos urbanos, como la prohibición de llenar piscinas.

La petición del gobierno aragonés se haría tras conocerse hoy el informe de su Comisión Jurídica Asesora (COJA) sobre el proyecto de prolongación hasta Barcelona del mini-trasvase a Tarragona, en el que se dice que con la llegada de las lluvias podría "cesar" la "situación de sequía" y "automáticamente caducar la autorización para construir la obra, incluso el día antes de su terminación".

Con este informe, el Ejecutivo autonómico decidirá si pide la finalización de la validez del Decreto una vez superada la situación de emergencia que fija la Generalitat en el Decreto de la Sequía de 12 de abril de 2007.

El informe de la COJA (que en el Estatuto de Autonomía tiene funciones consultivas) rechaza taxativamente que el proyecto de abastecimiento a Barcelona sea una "nueva transferencia de aguas" entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca, toda vez que esta "transferencia" está regulada desde 1981.

Por lo tanto, "no es exigible" el informe previo de la Comunidad Autónoma de Aragón del que habla el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, que establece que la Comunidad deberá emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio.

No obstante, el informe lanza serias dudas sobre la constitucionalidad del artículo 3 del Decreto de abastecimiento, que prevé la autorización de contratos de cesión de derechos de uso de agua entre la Comunidad Autónoma de Cataluña, como adquiriente, y cedentes de las comunidades de usuarios de la Cuenca del Ebro, que son concesionarios de derechos exclusivamente para usos agrarios.

La COJA no comparte los principios del llamado "mercado del agua", pero además estima que estos contratos sí que supondrían una autorización para trasvasar "aguas nuevas" desde Ebro y que por tanto en este caso sí sería necesario el informe previo al que hace referencia el Estatuto de Autonomía.