La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, informó hoy de que no buscará la renovación de su mandato, que expira a fines de junio próximo, y negó que esta decisión sea el resultado de presiones ejercidas por grupos de países que buscan influir en su trabajo.

Tras hacer ese anuncio, la jurista canadiense aseguró a un grupo de periodistas que su partida se debe sobre todo a razones personales.

El cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos es uno de los más simbólicos y delicados del sistema de Naciones Unidas y suele suscitar controversias entre los países que son objeto de sus críticas y aquellos que quisieran que sus denuncias fueran más severas, frecuentes y directas.

"No estoy preparada para asumir el mismo tipo de compromiso por otros cuatro años", dijo Arbour, tras reconocer que se trata de un trabajo "duro", que requiere viajar continuamente y altamente sensible porque toca "el corazón de la soberanía de los Estados".

Sin embargo, descartó de plano que sean las presiones y reproches de algunos gobiernos los que la llevan a alejarse de Naciones Unidas y recalcó que "no estoy dimitiendo, simplemente renunciado a presentarme a un segundo mandato".

Todo lo contrario, consideró que las discrepancias "de contenido jurídico y político entre el responsable del Alto Comisionado y los gobiernos son inevitables" y forman parte de "la sustancia de mi trabajo", aunque en ocasiones también resulten "frustrantes".

Antes de ser alta comisionado, Arbour, de 61 años y nacionalidad canadiense, fue magistrada suprema en Canadá y fiscal jefe de los Tribunales Penales Internacionales de la ONU para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR).

La jurista anunció su partida al presentar el informe anual de su organismo al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, cuyos 47 países miembros se reúne actualmente en Ginebra.

Ese foro, en cuyo diseño Arbour cumplió un rol fundamental, reemplaza desde hace dos años a la Comisión de Derechos Humanos, a la que se acusaba de haber caído en la politización y de actuar con doble rasero.

Al realizar un balance de la labor del CDH, Arbour lamentó que la fórmula de reservar un número fijo de asientos por zonas geográficas no haya contribuido a promover la competencia, pues algunas regiones presentan el número exacto de países candidatos.

Ello impide que se elimine a los candidatos "menos deseables", lo que es muy "desafortunado", admitió ante los periodistas.

En cambio, defendió como un gran logro la evaluación a la que se someterán todos los países, sin excepción, sobre cómo promueven y defienden los derechos humanos.

Respecto a su aporte al Alto Comisionado, Arbour dijo que cuando asumió el cargo encontró una institución que había realizado un trabajo esencialmente normativo, por lo que se trazó el objetivo de aumentar su presencia en el terreno, lo que -opinó- ha conseguido.

Después del anuncio oficial de su partida, los países miembros del CDH lamentaron, uno tras otro, esa decisión, elogiaron su trabajo y sus virtudes, entre las que destacaron las de profesionalismo, honestidad, objetividad y determinación.

Incluso países que han sido objeto de sus críticas, como Cuba y Sudán, tuvieron palabras de reconocimiento para Arbour.

La gran interrogante que surge ahora es a quién colocará el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al frente del Alto Comisionado, para lo que tendrá que realizar consultas con los gobiernos, en un proceso que se avizora como un nuevo escenario de confrontación entre países desarrollados y en desarrollo.

Ya lo ha adelantado Cuba hoy mismo al señalar, como presidente de los países No-Alineados, que "no permitiremos que prosperen las pretensiones de que se regrese a un pasado de manipulación política".

Preguntada a ese respecto, Arbour consideró que "sería útil" que su sucesor provenga de un país en desarrollo, aunque no lo consideró indispensable.