Tres antiguos consejeros a cargo de la seguridad en la Comunidad de Madrid fueron los primeros comparecientes en la comisión parlamentaria regional que investigará la supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños del Partido Popular, que echó a andar el miércoles, un mes después de su creación.

cinco del PP, tres socialistas y uno de IU.

Cano respondió a las preguntas de los tres portavoces parlamentarios, que trataron de establecer si existen diferencias entre las competencias pasadas y actuales en el área de Interior de la Comunidad de Madrid.

"Jamás hubo funciones de contravigilancia, de seguimiento de personas (...) sólamente había una persona en estos 12 años que tuviera un servicio de escolta, que era el presidente de la Comunidad", afirmó Cano, que fue consejero durante tres legislaturas.

Posteriormente, Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente entre 1999 y 2000 con competencia sobre la seguridad, dijo que desconocía la existencia de informes sobre cargos políticos.

"Informes sobre personas ya le he contestado que no recuerdo ningún tipo de informes. Esto (la pregunta) me ha hecho mucha gracia. ¿Es posible que se haya hecho sin mi conocimiento? Pues mire usted, si se hubiera hecho sin mi consentimiento yo no lo sabría", respondió a una pregunta.

Además señaló que las funciones del contravigilancia las realizaba "la Policía Nacional, que para eso estaba".

"RIDÍCULO"

El tercer compareciente, Pedro Calvo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento y ex consejero del ramo durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que en el consistorio no se detectó ningún seguimiento al vicealcalde Manuel Cobo, uno de los supuestos espiados.

Calvo calificó de "ridículo" que la comisión investigara a los responsables anteriores.

"El problema no está en las estructuras, el problema es que se le encargue aquello que no se debe hacer y además es ilegal, si eso es lo que ha sucedido", afirmó. "Esto es como si cuando pasó lo de Luis Roldán se hubiera llamado a declarar al duque de Ahumada y a todos los directores de la Guardia Civil desde entonces".

Del mismo modo, dijo que no sabe las funciones que hacen ahora los técnicos de seguridad de la Administración regional, pero que si ese cuerpo es "igual que el que él conoció, no se le puede considerar parapolicial".

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, criticó la tardanza en la puesta en marcha de la comisión, que se creó el pasado 6 de febrero y debe terminar sus funciones el 31 de marzo.

Tanto PSOE como IU han coincidido en pedir las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que han sido rechazadas por los populares.

El escándalo surgió el pasado 20 de enero, cuando el diario El País destapó presuntos casos de espionaje que afectarían al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, y al vicealcalde de la capital, número dos de Ruiz-Gallardón.

El diario señaló que algunos de los seguimientos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo que tanto el consejero de Interior de la CAM, Francisco Granados, como Aguirre han negado en reiteradas ocasiones.

La veterana diputada regional del Partido Popular Rosa Posada, de 69 años, es la presidenta de la comisión tras sustituir en el cargo a Benjamín Martín Vasco, que presentó su dimisión para querellarse por unas informaciones que lo vinculan con la "operación Gürtel" de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional y salpica a algunos miembros del PP.

Un tribunal de Madrid ha abierto también diligencias sobre la supuesta trama de espionaje por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito penal.