VALENCIA.- La causa Terra Mítica, originada por un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante), llegará a juicio desde este lunes, tras 10 años de investigaciones, y sentará en el banquillo de los acusados a un total de 38 personas por delitos contra la hacienda pública, estafa y falsificación en documento mercantil.

La vista ha comenzado pasadas las diez de la mañana en Valencia con cerca de una hora de demora debido a las dificultades que entraña la acreditación de los participantes, dado que constan 38 acusados, con sus respectivas defensas, y al retraso de alguno de los letrados. Para la celebración del mismo se ha habilitado en la Ciudad de la Justicia una sala especial, la misma en la que se celebró el juicio contra el anestesista Juan Maeso, de mayores dimensiones, en la que se han dispuesto varias pantallas para facilitar el seguimiento de las declaraciones.

Los primeros cuatro días -23, 24, 25 y 26 de marzo- se han señalado para cuestiones previas, mientras que la declaración de los acusados comenzará el 13 de abril. El juicio se extenderá hasta el 11 de septiembre con las periciales, documentales y conclusiones. Las sesiones comenzarán a las 9 horas.

En total hay 38 personas acusadas y la Fiscalía pide penas que oscilan entre los siete y 10 años de cárcel para los cuatro exresponsables del parque: Luis Esteban -expresidente-; Miguel Navarro -ex director general-; Justo Valverde -exjefe del departamento de Contratación-; y Antonio Rincón -ex director técnico-.

El resto de acusados son miembros de hasta 25 mercantiles, para los que el ministerio público también solicita diferentes multas y penas de prisión que van desde los cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses. La pena más alta solicitada es para el empresario Antonio Vicente Moreno Carpio -administrador único de Altos del Carrichal SL y gerente de Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botànics y Red Moreno-.

Además, para la vista han sido citados un total de 330 testigos. La causa se compone de 97 tomos, alrededor de 40.000 folios, 17 cajas adicionales de documentación procedente de Hacienda y la información recogida en decenas de soportes digitales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

"La causa se compone de 97 tomos, alrededor de 40.000 folios, 17 cajas adicionales de documentación"

El origen de este procedimiento se remonta a noviembre del año 2005, cuando Fiscalía del TSJCV, tras una denuncia de la Agencia Tributaria, presentó denuncia inicialmente contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica y 25 personas físicas por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA mediante la falsificación de facturas, por valor de 4.421.310 euros.

Fue el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia el encargado de instruir la causa, mientras que el enjuiciamiento de los hechos corresponderá a la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por la magistrada Begoña Solaz y cuyo ponente será el magistrado José Luis Rubido.

Archivos y reaperturas

El procedimiento ha atravesado un archivo y, tras una larga investigación, logró salir a la luz y llevar a juicio hasta a 38 personas. El primer sobreseimiento llegó en febrero de 2006 por parte de la Audiencia, cuando entendió que se habían vulnerado los derechos de los acusados después de que Hacienda no les hubiera dado trámite para formular alegaciones ante su denuncia en Fiscalía.

Unos meses más tarde, se reabrió en el juzgado la causa, se ordenó a la Hacienda a dar ese trámite solicitado por los acusados, y finalmente el magistrado decidió en enero de 2010 dar por nulas todas las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia en 2006 sobre el delito fiscal.

Este paso del magistrado colocó la causa de nuevo al borde del archivo, pero los recursos de Fiscalía, la Abogacía del Estado y la representación de los socialistas permitieron al juez invalidar esta actuación y ordenar la continuación de la investigación incluyendo el delito fiscal. El juez estimó que la Audiencia no tenía una única interpretación y que no se consideraba que el delito fuera nulo.

El procedimiento ha atravesado un archivo y, tras una larga investigación, logró salir a la luz y llevar a juicio hasta a 38 personas.

De esta forma se continuó con la instrucción hasta que en febrero de 2014 el juez acordó la apertura de juicio oral por el fraude en Terra Mítica, proyecto dirigido por el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Precisamente a lo largo de la instrucción, Zaplana se vio envuelto en el procedimiento después de que dos empresarios imputados en la causa --Antonio Moreno Carpio y José Herrero García-- lo relacionaran con el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del parque temático. Los empresarios se lo contaron a un diputado del PSPV que grabó estas acusaciones. Zaplana se querelló contra los socialistas por un presunto delito contra el honor, pero finalmente todo se archivó.

El origen, 1998

El 27 de enero de 1998 se constituyó la sociedad Parque Temática de Benidorm, que tenía por objeto, entre otras cosas, la construcción de un parque de atracciones. Seguidamente, esta sociedad firmó determinados contratos con empresas externas para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de normativa y control de calidad en el parque, según mantiene el fiscal en su escrito de calificación provisional.

Para la contratación de estas empresas, los entonces responsables Miguel Navarro y Justo Valverde contactaron con el empresario Vicente Conesa -dirigía las empresas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos- y, con la intención de "lucrarse" a costa de los accionistas de Terra Mítica, idearon un plan que les permitía conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en el parque fueran aceptadas por el departamento financiero y luego abonadas.

Para desarrollar este plan, los acusados crearon tres niveles diferentes de empresas. En el primero de ellos, Antonio Moreno y José Luis Rubio -relacionado con las sociedades Gribal SA y su continuadora Desarrollo Gran Vía S.L.- se pusieron al frente de varias sociedades con el consentimiento de otros procesados y fingieron realizar trabajos y proveer de material a empresas que estarían en el segundo nivel de la trama. Así, confeccionaron un gran número de facturas por trabajos y suministros que nunca tuvieron lugar.

En un segundo nivel estaban las empresas que recibieron las facturas y que emitieron pagarés o retiraron dinero de las cuentas. Por último, en el tercer nivel se encontraban otros acusados que se concertaron para confeccionar otro gran número de facturas que no obedecían a operaciones reales y que recogían unos trabajos que nunca se habían desarrollado, para así conseguir aminorar la cantidad que en concepto de IVA debían ingresar a Hacienda en los ejercicios 2000 y 2001.