El presidente de la Generalitat, Artur Mas, calificó ayer de "kale borroka" el violento asedio del Parlament del pasado miércoles y aseguró que su Gobierno será "contundente y muy exigente" en la identificación y depuración de responsabilidades penales de los implicados en las agresiones y coacciones a los diputados.

"Aquello que se nos había dicho y que muchos creyeron seguramente, se convirtió en una especie de kale borroka organizada alrededor del Parlamento de Catalunya", afirmó el president al ser interrogado en el pleno de la Cámara por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. En su corta intervención durante la sesión de control del Gobierno, Mas suscribió la exigencia de la diputada del PP de poner fin a cualquier política de pasividad y actuar con "contundencia y firmeza" como respuesta a lo sucedido. El president informó de que el Govern ya había recurrido a la Fiscalía y abundó en su determinación de exigir la aplicación de responsabilidades penales. "Espero que esto no acabe sólo en el ámbito de la Fiscalía, sino que pase a los tribunales y haya un castigo ejemplar para aquella gente que cometió un atentado flagrante contra nuestra democracia y nuestro Parlament", añadió Mas, quien calificó a los agresores de "auténticos cafres".

El trasfondo de los recortes

Los graves sucesos del miércoles han tenido el efecto añadido de desviar del foco del debate el proyecto de los Presupuestos de la Generalitat de 2011, trasfondo de la movilización de protesta organizada por el Movimiento 15-M en Barcelona. El proyecto, que pasó el trámite de las enmiendas a la totalidad gracias al voto del PP, incluye un drástico recorte del 10% del gasto a costa de importantes partidas sociales en sanidad, educación y bienestar social. El Govern, que funciona con una prórroga muy estricta de las cuentas de 2010, espera que se apruebe el 21 de julio con apoyo del PP, con quien negocia contrapartidas. Entre ellas, adelgazar las embajadas en el exterior y suprimir el Impuesto de Donaciones, además del de Sucesiones.

Tras consumarse la alianza en el ámbito municipal, el idilio entre CiU y PP en torno al Presupuesto se visualizó en la sesión del miércoles con las 18 abstenciones del Grupo Popular ante las enmiendas a la totalidad del PSC, ICV y el resto de la oposición. "Ha nacido un nuevo tripartito, formado por Convergència Democràtica, Unió Democràtica [los dos socios de CiU] y el PP. Hemos pasado de un tripartito de izquierdas a otro de derechas", dijo la portavoz económica del PSC, Rocío Sánchez-Sampere, quien exigió de nuevo el aplazamiento de la supresión del Impuesto de Sucesiones para aceptar negociar con el Govern.

La Fiscalía investigará las agresiones e insultos a los diputados

La izquierda acusa a Mas de haber exacerbado el alarmismo para aplicar su política de recortes y desmantelar el Estado del bienestar. El diputado ecosocialista Joan Boada, que fue uno de los más afectados por el hostigamiento de los manifestantes en la jornada del miércoles, cargó con dureza contra CiU. "Ustedes no piensan en las familias endeudadas y sí en cambio en garantizar que se devuelvan las deudas a los bancos", dijo el diputado de ICV-EUiA tras ser agredido y rociado de pintura por los exaltados.

De momento sólo constan siete detenidos y diez personas han sido identificadas como presuntos agresores, según el conseller de Interior, Felip Puig. "Vendrán más", auguró el president de la Generalitat, quien aceptó que el dispositivo policial "es materia opinable". "Es evidente que estaba previsto en unas circunstancias de mayor tranquilidad y se tuvo que enfrentar con una kale borroka organizada por gente de extrema violencia", reiteró el jefe del Govern tras insistir en que los indignados habían garantizado que la protesta sería de "pacifismo total y ausencia total de violencia".

El conseller Puig aseguró luego, sin embargo, que no hubo interlocución formal alguna, pese a la difusión de una grabación que registra una supuesta conversación entre el intendente de los Mossos d'Esquadra y un miembro del movimiento que le informa de las intenciones de los convocantes y del carácter "no confrontativo" de la protesta. "Del pacifismo que se había anunciado se pasó a la violencia, la intimidación y la coacción", subrayó Mas ante el pleno.

Los sucesos secuestran el debate sobre el tijeretazo presupuestario

El PP pide mano dura

Salvo el PP, que aprovechó la ocasión para liderar el discurso de firmeza, el resto de grupos eludió utilizar la sesión de control para acosar al Govern. El jefe de la oposición, el socialista Joaquim Nadal, se limitó a hacer una solemne declaración en defensa de la "dignidad de las instituciones de auto-gobierno" y la "libertad del Parlament, al que corresponde la representación del pueblo de Catalunya".

Mas agradeció el gesto de Nadal y la "altura de miras" de los diputados, que ayer ofrecían un semblante mucho más distendido y consensual. El presidente valoró este clima como una forma de "reforzar la democracia y fortalecer Catalunya con un buen mensaje", antes de admitir que la imagen de la comunidad ha sufrido un duro golpe justo cuando necesita generar confianza en los mercados.

La tregua duró poco. Coincidiendo con la iniciativa de Puig de citar a los medios en la sede del departamento, la oposición rompió el silencio y censuró el operativo policial. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, pidió la comparecencia inmediata del conseller para explicar la operación, que a juicio del partido fue "claramente insuficiente".

Iceta avaló, sin embargo, los medios utilizados para sortear el cerco. En uno de los helicópteros movilizados por Interior viajó el propio líder de la oposición, Joaquim Nadal, entre otros diputados y consellers. "Ojalá no se hubiera tenido que usar", comentó Iceta, antes de subrayar que el Govern "fracasó en su objetivo" de impedir las agresiones y coacciones a diputados.

Por su parte, el diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch solicitó a través del Parlament un informe a la Conselleria de Interior sobre el dispositivo policial, que calificó de "operativo mal diseñado". El diputado ecosocialista cargó contra Puig. "No entiende nada de lo que está pasando", dijo. "Ni acertó lo que tenía que hacer el 27 de mayo en la plaza de Catalunya, ni acertó lo que se tenía que hacer ayer, y ni siquiera ha acertado lo que se tenía que hacer hoy", añadió.

El conseller acusa

En su comparecencia ante los medios, Puig denunció que entre los concentrados en torno al Parc de la Ciutadella "había unas ganas feroces" de provocar una batalla campal y crear un escenario de "guerrilla urbana" en la ciudad. Puig habló de "nuevos métodos de violencia urbana" que se parapeta tras el pacifismo para actuar "con extrema violencia". "Antes se tiraba la piedra y se escondía la mano. Ahora se lanza la piedra y se levantan las manos", afirmó imitando el signo utilizado habitualmente por los indignados, informa Brais Benítez.

El discurso del conseller tardó en discriminar la minoría violenta de la mayoría pacífica. Sólo cuando fue interrogado sobre la cuestión se apresuró a afirmar que distingue "claramente entre violentos y no violentos, y la gran mayoría es más que pacífica". Pero en su relato el conseller sostuvo que no está "frente a un movimiento pacífico que demanda un nuevo orden democrático". Puig reiteró que lo ocurrido "pone en evidencia lo del día 27", cuando los Mossos d'Esquadra cargaron contra los acampados de la céntrica plaza de Catalunya.

El titular de Interior calificó a los grupos violentos de "muy organizados" y aseguró que se están profesionalizando cada vez más, con "grandes infraestructuras informáticas". Afirmó, incluso, que disponen de "furgonetas de comunicación" para dirigir las acciones. También acusó a los "auténticos indignados" de dar cobertura a los violentos y lamentó que algunos de ellos, "de buena fe, ayuden a que el nivel de violencia sea más fuerte".

Puig reconoció que el operativo fue insuficiente y aceptó como un "pequeño error" la decisión de transportar en un mismo helicóptero al president del Govern y a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, máximas autoridades catalanas. "Hubo algunas cosas en las que nos quedamos cortos: no fuimos capaces de garantizar la integridad de los 135 diputados", admitió Puig.