La Asamblea Constituyente de Ecuador ha hecho sentir sus plenos poderes a pocas horas de fenecer el período para el que fue creada, al decidir un mecanismo de transición, cambiar funcionarios e incluso hacer añadidos al proyecto de Carta Magna, cuyo borrador había sido ya aprobado el pasado sábado.

En una agotadora sesión de 18 horas que concluyó hoy por la mañana, solo unas horas antes de que se inicie la votación a la que será sometido el proyecto constitucional, la Asamblea, de mayoría oficialista, aprobó asuntos trascendentales para el funcionamiento del país en medio de las críticas de la minoría opositora.

A las puertas de fenecer, la Asamblea aprobó un régimen de transición para suplir el vacío legislativo que comenzará el sábado y decidió la creación de una Comisión que hará las veces de Parlamento.

Decidió la reestructuración de las cortes de justicia y electoral, así como el establecimiento de la Corte Constitucional, que reemplazará al actual Tribunal Constitucional y que tendrá la facultad de analizar los fallos de la Corte Nacional de Justicia y de otras funciones del Estado.

La Asamblea también definió otros asuntos, como los mandatos para el sector agrícola y eléctrico, enviados por el Ejecutivo, temas relacionados con el tránsito, y el cambio al Defensor del Pueblo y al Superintendente de Telecomunicaciones.

Además, incluyó al quichua y shuar como idiomas oficiales del país, en relación de interculturalidad con el español, aunque eso no constaba en el borrador del texto entregado el pasado sábado.

Para el asambleísta de oposición Pablo Lucio Paredes, del movimiento Futuro Ya, es "absolutamente inaudito e inaceptable que, una vez más, se siguen violando las cosas, cuando el texto constitucional era el del sábado".

Paredes dijo que hoy, cuando deben votar el proyecto de Carta Magna, no se sabe cuál es el texto final.

Si el texto es aprobado hoy, como es muy previsible que ocurra, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, lo entregará mañana, al Tribunal Supremo Electoral para la organización del referendo del 28 de septiembre, cuando deberá ser avalado por la ciudadanía.

Casi desde el mismo 29 de noviembre pasado, cuando comenzó a trabajar la Asamblea, la oposición ha denunciado que aunque fue votada sólo para redactar una Carta Magna, ese órgano se ha arrogado funciones que no le corresponden al haber dictado leyes y aprobado mandatos.

También ha acusado al presidente Rafael Correa y al gobierno de interferir en los asuntos de la Asamblea, lo que ha sido negado desde el oficialismo encarnado en el movimiento oficialista Acuerdo País.

"La Asamblea se volvió aplanadora", titula hoy del diario El Comercio al referirse a las últimas horas de ese cuerpo colegiado, que, según dice su editorial, han sido "pavorosas".

"La intervención presidencial en la composición del texto final ha sido abierta y sin rubor, a tal punto que parece que la Asamblea o la Comisión Redactora están instaladas en el palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo) y no en Montecristi", indica.

Agrega que "el final de la Constituyente solo presagia un colapso democrático. Hay una clara intención de que el proyecto constitucional se apruebe, cueste lo que cueste, y se instaure un régimen que controlará la función judicial, organismos de control y coexistirá con una legislatura muy disminuida en sus funciones".