La cámara francesa de los diputados ha aprobado el proyecto de ley de 'control de la inmigración', que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar y permite el sumamente polémico uso de test genéticos para probar la filiación materna.

El texto definitivo, consensuado por una comisión paritaria de las dos cámaras del Parlamento, fue adoptado por 282 votos a favor (del partido conservador UMP y su aliado Nuevo Centro) y 235 en contra (de la oposición de izquierdas y algunos conservadores y centristas).

El Senado tiene previsto votar el texto por la noche, con lo que quedará definitivamente aprobado.

El último obstáculo

Pero la última palabra la tendrá el Consejo Constitucional, ante el que la oposición socialista y comunista ya ha anunciado que recurrirá, especialmente contra el artículo sobre los test de ADN.

La controversia sobre la introducción de las pruebas genéticas dejó en la sombra el resto del proyecto de ley, elaborado por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, y que responde a la política de 'inmigración escogida' del presidente francés, Nicolas Sarkozy, resuelto a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

La enmienda sobre los test de ADN, que un diputado del partido conservador gobernante, UMP, introdujo en el texto gubernamental, ha sido suavizada y encuadrada a su paso por el Senado, al calor de la amplia oposición a una medida que el Comité consultivo de Ética consideró 'contraria al espíritu' de la legislación francesa.

De forma experimental hasta finales de 2009, los candidatos a la reagrupación familiar en países con graves carencias en el registro civil podrán pasar un test genético para probar su filiación con la madre instalada legalmente en Francia.

Se requerirá el consentimiento escrito del interesado y el visto bueno previo de un juez. El test será gratuito y el Comité consultivo de Ética analizará el decreto sobre el dispositivo.

El recurso a los test de ADN ha concitado el rechazo frontal de la oposición de izquierdas, asociaciones de derechos humanos, iglesias, científicos y varios líderes africanos, pero también críticas de miembros de la mayoría conservadora -incluidos tres ex primeros ministros- y de varios integrantes del Gobierno.