El asesinato de los jesuitas aún sangra en El Salvador

Por Anahí Rama

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, el sacerdote español José María Tojeira escuchó 20 minutos de disparos y creyó que se trataba de uno más de los tiroteos entre militares y la guerrilla, que desde días atrás había iniciado una ofensiva para tomar la capital.

Cuando se levantó, algunas horas después, halló muertos en un patio de la Universidad Centroamericana a cuatro de los principales sacerdotes españoles de la institución, uno de ellos el rector, Ignacio Ellacuría, y a otros dos en sus cuartos. Casi todos tenían el rostro desfigurado por los balazos. Además, también había sido asesinada el ama de llaves y su hija.

"Inmediatamente nos dimos cuenta de que tenía que ser el Ejército. Era imposible que hubiera habido un tiroteo tan fuerte y que el Ejército no se hubiera hecho presente y no hubiera más muertos que los padres, que no estaban armados, evidentemente", dijo a Reuters Tojeira, el actual rector.

La zona donde está ubicada la universidad prácticamente estaba tomada en ese momento por los militares.

Veinte años después, el caso es una herida abierta en El Salvador, con dos coroneles que fueron acusados del crimen pero apenas cumplieron poco más de un año en prisión y altos mandos del Ejército de la época que niegan haberlo ordenado, a pesar de que así lo señala un informe de las Naciones Unidas.

En las elecciones presidenciales del domingo, la entonces guerrilla y ahora partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) podría llegar por primera vez a la presidencia, en momentos en que el caso de los sacerdotes asesinados se reabrió en la Audiencia Nacional de España.

El general retirado René Ponce, señalado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas como quien dio la orden de matar a los jesuitas, dijo que abrir el caso en otro país atenta contra la soberanía de El Salvador, que ya realizó dos juicios donde no se probó su responsabilidad en el crimen.

"Estamos preparándonos para defendernos de la querella que se ha interpuesto en la Audiencia Nacional, estamos en el proceso de recolección de información para probarle a la Audiencia Nacional que esto es una cosa juzgada", dijo en una entrevista con Reuters.

que impulsan dos organismos de derechos humanos con el apoyo de familiares - podrían venir peticiones de extradición para Ponce y otros militares que prosperarían en caso de que el FMLN llegase a la presidencia.

SANGRE SECA Y BIBLIAS ROTAS

Ponce adjudicó toda la responsabilidad de la masacre a un subalterno suyo de la época, el coronel Guillermo Benavides, quien fue a prisión en 1992 junto con otro coronel, Yusshy Mendoza. Pero ambos salieron en libertad tras poco más de un año, beneficiados por una ley de amnistía.

"En ningún momento al coronel Benavides, nadie le dio ninguna orden de asesinar a jesuitas", aseguró Ponce, uno de los militares protagonistas de la cruenta guerra civil que dejó 75.000 muertos entre 1980 y 1992.

En la universidad, considerada por militares de la guerra como "refugio de subversivos", una placa ubicada en un jardín de rosas recuerda a los sacerdotes Joaquín López y López, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Ellacuría y Amando López en el mismo lugar donde cuatro de ellos fueron asesinados.

A pocos pasos de allí, un pequeño museo guarda las ropas ensangrentadas que vestían algunos en el momento del ataque, junto con recipientes que contienen césped del mismo jardín teñido con la sangre seca de las víctimas.

En un costado, biblias con agujeros de bala y otros libros ensangrentados son mudo testimonio de una de los ataques más brutales de la guerra civil junto con el asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, de un tiro en el corazón mientras oficiaba misa.

Romero y otros jesuitas habían denunciado atrocidades cometidas por el Ejército en medio de la guerra, principalmente contra comunidades campesinas, así como las acciones de los temidos escuadrones de la muerte.

Tojeira cree que, más importante que militares como Ponce vayan a prisión, es lograr que el Estado pida perdón por los asesinatos, algo que no ha ocurrido porque en El Salvador gobierna "la derecha más radical y repugnante" dijo, refiriéndose a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).