Askatasuna dice que los arrestos de ayer son ilegales porque su actividad no está suspendida

La abogada de Askatasuna Ainhoa Baglieto afirmó hoy que las detenciones de los dirigentes de Batasuna Joseba Álvarez y Oihana Agirre son "absolutamente ilegales" porque la suspensión de actividades del colectivo de apoyo a los presos de ETA "ha prescrito" y actualmente esta organización es legal.

Baglieto explicó hoy en una rueda de prensa que la suspensión de actividades de Askatasuna prescribió el pasado mes de febrero, mientras que la de Gestoras Pro Amnistía lo hizo en diciembre de 2006 y que, mientras no se celebre el juicio, ambas organizaciones pueden ejercer su actividad de manera totalmente legal.

Las detenciones de Álvarez y Agirre, que se registraron ayer en San Sebastián, fueron ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien considera que con su participación en la manifestación del pasado 9 de septiembre en San Sebastián, convocada por Askatasuna, incurrieron en "reiteración delictiva".

El portavoz de este colectivo, Julen Larrinaga, sostuvo que según "la ley española" la manifestación del 9 de septiembre, en la que hubo graves incidentes y fue arrestado el dirigente de Askatasuna Juan María Olano, nunca debió haberse prohibido y, en consecuencia, tampoco debían haberse registrado las detenciones de ayer.

La letrada Ainhoa Baglieto indicó por su parte que un juez de instrucción, como es Garzón, no tiene potestad para ordenar estas detenciones, ya que su acción se limita a dictar una suspensión de actividades pero no la ilegalización de un colectivo, que únicamente puede ordenarse mediante una sentencia que aún no se ha producido.

Baglieto señaló que la suspensión de actividades sólo puede extenderse durante cinco años y no puede prorrogarse, por lo que insistió en que actualmente la actividad de Askatasuna es legal.

Larrinaga opinó que arrestar a personas por acudir a manifestaciones es algo que "está ocurriendo en Birmania o en Guinea Ecuatorial" pero que no puede suceder en una democracia, tras lo que denunció la motivación política de la decisión adoptada por el juez Garzón.