Atrios, viviendas, viñas, olivares y hasta un frontón

El 16 de abril de 1706, el Ayuntamiento de Pamplona suspendió las corridas de toros de San Fermín durante seis años. El objetivo: sufragar el gran gasto que suponía construir la capilla de la ciudad en honor al santo. Cuando terminaron las obras en 1717, el consistorio asumió su patronazgo por medio de tres regidores municipales.

En la actualidad, es una de las capillas más demandadas para bodas y otros actos religiosos privados. Y, en consecuencia, la que más dinero genera en la ciudad. El Arzobispado de Pamplona y Tudela la registró como propia en 2003 sin avisar al municipio. Desde que se destapó la operación en 2007, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro reclama su naturaleza pública, al igual que otros 1.085 bienes que este arzobispado se anexionó entre 1998 y 2007.

La plataforma está formada por 117 municipios de la región bajo un denominador común: "La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro", denuncia José María Esparza, uno de sus miembros.

"La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro", denuncia Esparza 

Muchos de estos templos "se construyeron en tiempos en los que las iglesias no sólo eran lugares de culto: en ellas se celebraba la vida social de los pueblos. No sólo eran sitios religiosos. Por ello, todos los vecinos participaban de su financiación", explica Esparza. La plataforma presentó a finales del año pasado el libro Escándalo monumental (Ed. Al Taffaylla), en el que documenta las 117 demandas. Sus autores son Esparza y el sacerdote Pedro Leoz.

Entre los 1.086 bienes que registró el arzobispado navarro hay 650 templos parroquiales, 191 ermitas, nueve basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, dos atrios, ocho cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón. "Muchas de estas apropiaciones son prácticas que van en contra de los principios de la Iglesia católica. En los Evangelios, Jesús siempre habla de los pobres, nunca del poder ni de las propiedades", critica Leoz.

Pero los litigios no sólo afectan a los templos. En Bera, por ejemplo, dos familias reclaman los 5.050 metros cuadrados de terrenos -en el centro del pueblo y de gran valor inmobiliario- que la diócesis registró en 2007. Los denunciantes aseguran que en su día los cedieron, con fines educativos, a las Monjas de la Caridad. Cuando las religiosas cesaron su actividad, los vecinos reclamaron los terrenos. La diócesis no comenta casos concretos y defiende que todos los bienes inscritos son suyos. Las aportaciones que realizaron los vecinos durante décadas fueron "voluntarias", apunta un portavoz.

La diócesis de Navarra registró en diez años 841 iglesias y ermitas

En pueblos como Etxabarri, Galdeano, Eulz o Muneta, sus habitantes denuncian que el mantenimiento de las iglesias y ermitas, al igual que el frontón o las calles, se sufraga en auzolan (en grupo), un sistema que les da acceso a beneficios comunales como son los lotes de leña. Por ello, argumentan, no se trata de donaciones voluntarias.

La mayoría de la población que reclama el carácter público de los templos procede de pequeños municipios. Tras conocer los registros del arzobispado, ni los vecinos ni sus dirigentes supieron cómo reclamar las propiedades. Una vez conformada la plataforma, se encontraron con que la ley aún privilegia, como en 1946, el testimonio de los obispos como si fuese el de un organismo público.