El Ministerio de Defensa ofreció ayer a los armadores de barcos atuneros que navegan en el Índico la posibilidad de modificar la ley para que los guardias de seguridad privada que les escoltarán en sus labores de pesca puedan llevar "armamento complementario", equiparable al militar, además de las armas de precisión para las que ya tienen autorización. Además, les impartirá cursos de formación y les trasladará a Somalia para embarcar en los barcos que ya están faenando en la zona.

Estas son las principales conclusiones de la reunión mantenida ayer durante más de dos horas entre responsables del Ministerio de Defensa, de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) y de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac). El director gerente de Opagac, Julio Morón, explicó que Defensa se ha comprometido a acometer "lo más rápidamente posible" la reforma legislativa necesaria para poder proporcionar a los vigilantes un armamento similar al de los militares para que puedan hacer frente en igualdad de condiciones a los piratas.

El Gobierno descarta poner «en riesgo» a los tripulantes del Alakrana

Se espera que hoy el Ministerio del Interior les informe de la modificación, tras estudiar las "cuestiones técnicas" que conlleva, informa Europa Press. Aunque Morón admitió que la aplicación de la medida "va a llevar tiempo".

Por su parte, la organización profesional del atún, Interatun, volvió a pedir ayer al Gobierno que permita el embarque de infantes de marina en los barcos, cambiando la ley, como ha hecho Francia. En su opinión, "la seguridad privada no cubre las cuestiones que necesita un asunto como este", como "ha entendido el Gobierno francés", afirmó el secretario de esta organización, Juan Manuel Vieites.

La llamada Constitución de los océanos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar excluye de forma expresa que un barco civil pueda relevar a la Armada en la represión de la piratería. Sólo los buques de guerra o aeronaves militares pueden llevar a cabo apresamientos por causa de la piratería.

La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, señaló a una pregunta del senador del PNV Iñaki Anasagasti, que las leyes "pueden cambiarse, pero la legislación internacional no puede modificarse a la velocidad de la amenaza".

Los secuestrados preguntan a sus familias por la demora en liberarles

Así las cosas, la seguridad privada se presenta como la única solución factible, pero aun así será necesaria una reforma legislativa, que permita a los guardias llevar armas equiparables a las de los atacantes. "Los armadores tenemos que garantizar la seguridad de nuestras tripulaciones. Esta es nuestra prioridad", planteó Morón en la reunión con Defensa.

Pero la seguridad de los barcos españoles no es solo una prioridad para los armadores. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Ejecutivo "no está haciendo nada que pueda poner en peligro la seguridad" de los 36 tripulantes del Alakrana, secuestrados el pasado 2 de octubre en aguas del Índico.

En declaraciones a Cuatro, De la Vega eludió hablar del pago de un rescate y se limitó a recalcar que se están "redoblando" los esfuerzos, desde el punto de vista político, diplomático y militar, para lograr que todos los retenidos regresen a casa "sanos y salvos". "Quiero transmitir tranquilidad a las familias porque la tripulación sabemos que está bien", señaló.

Algunos familiares comentaron a Efe que los secuestrados les habían preguntado por las gestiones del Gobierno y sobre los motivos por los que no habían sido aún liberados.