La Audiencia Provincial ha absuelto al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, del delito de coacciones y la falta de injurias por las que fue condenado por el titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, después de que un sacerdote le denunciara.

La sentencia firme, a la que ha tenido acceso Efe, revoca una anterior resolución del que fue instructor de la operación Malaya, estima los recursos de apelación que presentaron la Fiscalía y el prelado y desestima el que promovió el cura.

Aunque Martínez haya sido absuelto, la Sección Segunda -cuyo presidente acordó que la resolución fuera dictada por todos sus miembros- no aprecia "razones" para modificar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, por la que se le condenó al pago de una multa de 3.750 euros.

Esa resolución atribuía el origen de todas las acciones de Martínez contra el cura a la vinculación de éste con CajaSur y decía que esto fue lo que le llevó a, entre otras cosas, ordenar al querellante que paralizara un libro sobre la Catedral de Granada de la que era coordinador y que estaba financiado por esa entidad.

No obstante, ahora la Audiencia considera que, al margen de que fuesen esas relaciones del querellante con CajaSur la razón "más poderosa" del cese en sus cargos, esta cuestión "no resulta relevante" penalmente ya que, explica, aquellos cargos eran de confianza y podían ser "removidos" por el arzobispo.

Según el Tribunal provincial, tampoco puede compartirse la afirmación de que el Cabildo carecía "por completo" de derechos sobre la obra, sino que podía legalmente decidir sobre su publicación y ordenar al cura la paralización de la misma.

"La decisión de detener la publicación de la obra estaba al alcance del acusado, y la orden impartida a su subordinado jerárquico, coordinador de aquella, no puede integrar el requisito de ausencia de legitimación", dice la Sección Segunda, que considera que esta determinación, por tanto, estaba "amparada" por la condición del prelado de editor de la misma.

Respecto a las injurias, que en cualquier caso ya habrían prescrito, la sentencia considera que las expresiones contenidas en unos de los decretos de Martínez, que motivaron la suspensión del sacerdote, lesionaron su honor y buen nombre en su comunidad.

"La atribución al querellante por parte del arzobispo de las conductas a que se refiere el decreto -apropiación de bienes, entre otros- (...) no es una afirmación de menor entidad", dice la Audiencia, que considera las acusaciones "sin ningún sustento sólido y apoyadas en meras hipótesis o especulaciones".

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se convirtió el pasado 14 de noviembre en el primer prelado que se sentaba en el banquillo de los acusados para responder de los delitos que le atribuyó un sacerdote, en un caso que suscitó un gran interés social y mediático.