La Audiencia de Madrid fija el juicio del "ácido bórico" para el 12 de febrero

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado el próximo 12 de febrero como fecha de inicio del juicio por el llamado "caso del ácido bórico", en el que se sentarán en el banquillo los cuatro jefes de los tres policías que elaboraron un informe sobre dicha sustancia en el que relacionaban ETA y el 11-M.

Así lo establece en un auto la sección 15 de la Audiencia madrileña, que ha admitido todas las pruebas solicitadas por las partes personadas en la causa excepto la de que acudan a testificar a la vista el ex ministro del Interior José Antonio Alonso y el actual titular de ese departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Esta petición fue solicitada por el abogado de la Asociación de Víctimas del 11-M, José María de Pablo, que junto al sindicato Manos Limpias y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ejercen las acusaciones populares en este proceso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35, Gemma Gallego, dictó el pasado mes de marzo la apertura del juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, por presuntos delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento.

Además, la sección que preside el magistrado Alberto Jorge Barreiro, juzgará al secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; al jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y al jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, por los dos primeros delitos.

El fiscal y el abogado del Estado pidieron el sobreseimiento del caso al estimar que los hechos no constituyen delito, mientras que las acusaciones sostienen que el informe que elaboraron los peritos Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en 2004 en el domicilio de Hassan el Haski, condenado por los atentados del 11-M, fue manipulado por los acusados.

Los tres peritos incluyeron en su estudio unas "observaciones" en las que se relacionaba esa sustancia con el hallazgo de la misma en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999.

Según la juez, los superiores "consideraron inconveniente que constaran" esas observaciones y por ello Ramírez pidió a los peritos que las suprimieran, como había dispuesto Mélida y, como éstos no quisieron hacerlo, "con conocimiento y anuencia de los otros imputados, modificó el que aquellos habían elaborado" y lo firmó como único perito.

Tras esto, Andradas, conforme a lo indicado por Santano, se encargó de la remisión del informe a la Comisaría de Información.