La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha anulado el laudo, dictado por el catedrático Jaime Montalvo, que puso fin al conflicto entre Iberia y el Sepla, y ha dado orden de que se vuelva a dictar tras escuchar las alegaciones de Iberia Express. La filial operadora de corto y medio recorrido de Iberia recurrió el citado laudo por entender que le afectaba y que no se había podido pronunciar al respecto, según ha informado hoy esa Sala.

La sentencia aprecia 'un defecto procedimental esencial en la tramitación del arbitraje', ya que se ha demostrado que Iberia Express no fue convocada a ninguna reunión ni se solicitó a la matriz que actuara en su nombre o que le transmitiera la convocatoria. Los magistrados consideran que debe escucharse a Iberia Express, para asegurar su derecho de defensa, porque lo establecido afectaría a sus relaciones laborales y jurídicas.

El origen del litigio se remonta a la creación, a finales del pasado año, de Iberia Express, que desembocó en varias jornadas de huelga por parte del sindicato de Pilotos Sepla y en la cancelación de cientos de vuelos. Para resolver el conflicto, el Gobierno designó un mediador y, ante la falta de acuerdo, estableció después un arbitraje obligatorio, que, además de por Iberia Express, fue recurrido por la propia Iberia.

Los magistrados creen que la filial de Iberia debía estar presente en el arbitraje, ya que éste le obligaba a aplicar un convenio que limitaba su posibilidad de contratar a sus pilotos, restringía su capacidad de obrar y, 'todo ello, sin haberle dado la ocasión de formular alegación alguna en el procedimiento arbitral'. Además, consideran que los motivos y objetivos de las huelgas que se pretendieron solucionar con el arbitraje tenían su base en la creación de esta filial de bajo coste, por lo que concluye que 'no cabe, por tanto, pretender que el laudo solucionara el conflicto sin pronunciarse sobre su creación y funcionamiento'. La sentencia razona que a Iberia Express no se la puede considerar en modo alguno ajena a un conflicto 'que viene pivotando en torno a su existencia y funcionamiento desde el inicio, y al que el laudo pretende dar solución'.

Durante la vista celebrada el pasado 25 de octubre, la abogada de Iberia Express, Nazaret Clemente, del bufete Ramón y Cajal, solicitó al juez de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que anulase el laudo arbitral, ya que su aplicación le supondría a la compañía, entre otros perjuicios, un sobrecoste salarial superior a los 15 millones de euros anuales. Así lo estimaba un informe, elaborado por la consultoría Deloitte, a 14 años vista, con una flota de 30 aviones (la actual es de 12), una plantilla de 150 pilotos (la actual es de 100) y una tripulación de cinco comandantes y cinco pilotos por aeronave.

El sindicato de pilotos Sepla ha señalado hoy que la anulación por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) del laudo arbitral, que puso fin al conflicto entre Iberia y este colectivo, vuelve a dejar a Iberia Express 'en situación de ilegalidad'. El Sepla en Iberia ha señalado que acata la sentencia de la Audiencia Nacional, pero, al mismo tiempo, ha recordado que fue el laudo el que transformó a la filial de Iberia en legal. La legalidad de Iberia Express, cuestionada por los pilotos, era una de las partes del conflicto, que se refería también a aspectos que tenían que ver con las normas profesionales que se aplican a ese colectivo, una cuestión que estaba relacionada con el nuevo convenio.