La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional estudiará hoy si procede adoptar alguna decisión tras la huida de la etarra Maite Aranalde, que tras ser extraditada por Francia la semana pasada quedó en libertad bajo fianza por orden del juez Eloy Velasco, dándose posteriormente a la fuga.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, dará cuenta a la Sala de Gobierno en su reunión de hoy de toda la información que ha recabado sobre el asunto de la etarra Aranalde con el objetivo de de determinar si procede adoptar alguna decisión o simplemente darse por enterada.

Aranalde, sobre la que pesa una orden de busca y captura, fue extraditada por Francia el pasado martes pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA y no por su presunta participación en la colocación de varias abombas en gasolineras de Madrid en plena operación salida del 'puente' de la Constitución en 2004.

Por la primera de las causas, Velasco -que sustituía a Baltasar Garzón mientras éste estaba de vacaciones- ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros que abonó el pasado viernes, día en el que salió de la prisión madrileña de Soto del Real y en el que el juez también acordó retirarle el pasaporte y fijar comparecencias semanales.

Estas decisiones fueron recurridas por la Fiscalía de este tribunal al considerar que existía un alto riesgo de fuga de Aranalde, aunque hasta el pasado lunes, cuando Garzón regresó de sus vacaciones, no se resolvió.

Garzón estimó el recurso en un auto dictado a las 13.00 horas del lunes con el que ordenaba el ingreso en prisión de la etarra, y, tras constatar que Aranalde se encuentra en paradero desconocido -la Policía intentó localizar durante toda la tarde y noche del lunes-, el juez emitió una orden de busca y captura.

En el auto de prisión, Garzón advertía de que cuando la etarra fue extraditada ya existía riesgo de fuga y señalaba que el argumento utilizado por Velasco para imponerle la fianza -que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su entrega, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado- "no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte".

Además se sumó el hecho de que las autoridades francesas, según informaron fuentes fiscales, habían "extraviado" la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra Aranalde por su presunta participación en la colocación de varios bombas en gasolineras de Madrid durante el puente de la Constitución de 2004.

La pérdida de esos documentos impidió dictar la prisión contra Aranalde por esa causa a su llegada de Francia -ya que es preciso contar con la autorización de la Justicia gala- y obligó a la Audiencia a tramitar de nuevo la euro-orden.

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue si el juez Velasco incurrió en "negligencia grave" y merece una sanción disciplinaria.

"Este hecho ha causado una gravísima alarma social y pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo", señala Manos Limpias en su escrito.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que la denuncia será trasladada hoy al servicio de Inspección del CGPJ.