La Audiencia ordena vigilar permanentemente a Iñaki de Rentería

La Audiencia Nacional ordenó el viernes la vigilancia permanente del ex jefe militar de ETA Ignacio Gracia Arregui, alias "Iñaki de Rentería", que no podrá salir de España pese a que esta semana fue puesto en libertad, informaron fuentes judiciales.

Iñaki de Rentería, al que se ha retirado el pasaporte y que tendrá que comunicar su domicilio, estaba procesado en España por el intento de asesinar al Rey en 1995, pero Francia le extraditó en 2008 tan sólo por otro delito, el de integración en banda armada, por el que ya había cumplido diez años de condena en el país galo.

Tras estimar la petición de la defensa, la Audiencia decidió ponerle en libertad esta semana, una decisión que ha levantado ampollas en algunos sectores de la sociedad.

"El tribunal acordó el sobreseimiento libre después de analizar las circunstancias del caso, especialmente que las autoridades francesas se habían pronunciado de forma motivada no autorizando el enjuiciamiento por el delito de conspiración para matar al jefe de Estado", dijo el viernes la Audiencia en un escrito conjunto con la Fiscalía.

El tribunal se defendía así de titulares aparecidos en algunos medios, que acusaban a la Audiencia de haber dejado en libertad a un antiguo miembro de ETA que no se ha desvinculado de la banda.

"(Las decisiones) se basan en criterios de estricto derecho tanto en cuanto al escrupuloso respeto de la ley como de la interpretación jurisprudencial que de la misma se viene haciendo, y responden a una correcta praxis jurídica", dijo el texto.

La Fiscalía pidió también en un escrito que dejara en suspenso la causa hasta que se "subsane el error" que permitió poner en libertad a Gracia Arregui, para el que el ministerio público había solicitado hace un mes una condena de 46 años de cárcel.

Para poder juzgar a "Iñaki de Rentería", de 54 años, se puede volver a pedir a Francia que cambie de criterio y conceda la extradición por el intento de regicidio o bien existe la posibilidad de que, transcurridos 45 días de la puesta en libertad, se ordene su detención, según fuentes judiciales.