La Audiencia pide a Garzón que siga con el "caso Faisán"

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que continúe con las pesquisas sobre el "caso Faisán", que investiga un supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA en 2006, según un auto judicial difundido el lunes.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal acepta así parcialmente los recursos de la agrupación Dignidad y Justicia y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra una decisión anterior de Garzón que desestimaba seguir llevando a cabo las diligencias solicitadas por ambos grupos.

El auto pide al magistrado que interrogue a tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicite a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por Joseba Elosúa, presunto colaborador de ETA y dueño del bar Faisán de Irún, donde supuestamente se hacían pagos del llamado "impuesto revolucionario" de la banda armada.

El llamado "caso Faisán" investiga si una persona relacionada con las Fuerzas de Seguridad habría avisado a Elosúa de que se iban a llevar a cabo actuaciones a principios de mayo de 2006 contra el entorno extorsionador de ETA.

"Estos hechos tal cual se han descrito, constituyen un delito de revelación de secretos, y a su vez de colaboración con banda armada, hechos que de ser realizados por miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de lucha contra el terrorismo en España, y esto tiene que ser tenido en cuenta, a la hora de agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios", según el auto.

El texto judicial pide al juez que proceda a la identificación y toma de declaración de todos y cada uno de los funcionarios que de un modo u otro intervinieron en el operativo.

La Fiscalía de la Audiencia pidió en octubre pasado que la causa se sobreseyera de forma provisional al entender que no había datos para determinar quiénes fueron los autores del supuesto "chivatazo", que sin embargo no evitó detenciones de los presuntos vinculados con ETA.