La auditora de las cuentas de Martinsa Fadesa, que ha protagonizado la mayor suspensión de pagos española, duda de 'la capacidad del grupo para continuar su actividad' y para lograr los activos previstos y liquidar las deudas, tal como consta en sus cuentas de 2008. Así lo declara Ernst & Young en el informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A juicio de Ernst & Young, la continuidad de Martinsa, o lo que es lo mismo, su salvación, depende de que se apruebe el convenio de acreedores y de que se cumpla el plan de viabilidad presentado en el Juzgado de A Coruña que tramita el concurso de acreedores. Esto supone que la promotora que preside Fernando Martín está en manos de los bancos a los que debe más del 70% de los 7.005 millones de su deuda total ya que la empresa tiene que conseguir que una mayoría de acreedores apoye su plan de pagar toda la deuda sin ninguna reducción en ocho años en vez de en cinco. Y de momento, sólo dos entidades financieras, Caja Madrid y La Caixa (con el 28% de la deuda), respaldan la propuesta, admite Martinsa.

Pese a todo, los supervisores que ha nombrado el juez dicen que es posible que Martinsa salga de la suspensión de pagos a finales de 2009 o en 2010 y la empresa confía en firmar este año el convenio de acreedores. Pero antes, el juez debe resolver más de 800 alegaciones de los acreedores y estos deben votar a favor del pago de la deuda propuesto por el grupo.

Por otro lado, la promotora de Fernando Martín ha negado datos a la auditora, como refleja el hecho de que el supervisor bursátil, la CNMV, ha tenido que pedir a Martinsa que 'aporte al auditor la documentación necesaria para que este pueda completar su trabajo'.

Por esta auditoría, que el supervisor juzga incompleta, Martinsa ha pagado unos altos honorarios a Ernst & Young: 525.000 euros más otros 306.000 euros por 'servicios prestados' sin especificar. Sobre el valor de los activos inmobiliarios, Ernst & Young señala que se ha reducido en 2.294 millones.

Otra auditora, PricewaterhouseCoopers, ve problemas en la 'continuidad del negocio' de la inmobiliaria Renta Corporación, porque no ha cumplido los compromisos que le pidió la banca, que consisten en vender activos para poder refinanciar 254 millones. Además, la auditora duda de que se puedan recuperar los impuestos diferidos declarados en 2008.