Las personas que se den de alta como autónomos a partir de enero de 2013 tendrán que cotizar más. Actualmente, los trabajadores por cuenta propia pueden elegir si quieren cotizar o no por accidente laboral y enfermedad profesional. Esta cotización pasará a ser obligatoria para las nuevas altas, lo que supondrá un aumento general de las cotizaciones de los autónomos. Así se recoge en el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, al que ha tenido acceso este diario.

Este cambio supondría para los autónomos abonar a la Seguridad Social entre 8,5 y 216,41 euros más al mes, en función de la base reguladora y de la actividad. Estas cantidades son las que ya pagan los trabajadores por cuenta propia que voluntariamente deciden cotizar por las contingencias profesionales.

La violencia de género será causa para la jubilación anticipada a los 61

En el caso de los que tengan la base reguladora mínima (850 euros mensuales), por la que cotizan prácticamente el 80% de los autónomos, y con una actividad en el sector de la hostelería, el comercio o similares, la cantidad a añadir cada mes será de media con las bases actuales unos 30 euros. En las actividades con más riesgo, como construcción o transportes, la cantidad será algo mayor, hasta un 6,7% de la base reguladora. Cabe recordar que cuanto más elevada sea la base reguladora, más aumentará la cotización, pero también se accederá a mejores prestaciones. De hecho, cotizar por las contingencias profesionales es una condición imprescindible para los autónomos que quieren acceder a la prestación por cese de actividad.

Las asociaciones de autónomos están de acuerdo con este cambio, que consideran positivo, porque extenderá la protección social a todos los trabajadores por cuenta propia. "Significa mejorar la cobertura para los autónomos, además la medida no tendrá un gran impacto social, ya que sólo se aplicará a las nuevas altas", afirma el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna. Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, señala que en los últimos meses el 70% de las nuevas altas ya incluyen la cotización por contingencias profesionales, debido especialmente a la posibilidad de cobrar una prestación por paro.

La medida está dentro de la batería de iniciativas incluidas en el anteproyecto de ley de pensiones que reformará la Ley de la Seguridad Social y que ahora está en revisión por los órganos consultivos del Estado. El texto concreta además algunos detalles que hasta ahora no se conocían de la propuesta del Ejecutivo y que se detallan a continuación.

Se creará una Agencia Única de la Seguridad Social para la gestión

Mujeres

El texto propone varias iniciativas para mejorar la protección social de las mujeres en materia de pensiones. Sólo podrán acceder a la jubilación anticipada con 61 años los desempleados que estén en el paro por causas involuntarias. Haber sido objeto de violencia de género se considerará a estos efectos "causa de fuerza mayor" y permitirá a este colectivo acceder a este derecho.

En el caso de los nueve meses de cotización que se reconocerán por haber abandonado el puesto de trabajo entre tres meses antes y cuatro años después del nacimiento del hijo, se especifica que sólo uno de los dos progenitores tendrá esta posibilidad. En caso de "controversia", será la madre la que disfrute del derecho. Al afectar también a la adopción de un hijo, el texto no aclara qué sucede en caso de progenitores del mismo sexo.

Además, el propio texto "obliga al Gobierno" a que en el plazo de un año presente ante el Pacto de Toledo una memoria económica sobre los gastos que supondría abordar medidas como el reconocimiendo de periodos de cotización por cuidados de dependientes y una ampliación del periodo de cuidado de hijo.

'Destope' de la máxima

El texto también mandata a la Ejecutiva que haga una valoración económica del coste de destopar el sistema, esto es, permitir que se cotice por el salario real y no hasta un límite máximo que se fija ahora. Para mejorar la eficiencia del sistema, el Gobierno propone crear una Agencia Estatal de la Administración Única de la Seguridad Social en la que se fusionaría el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina, entre otros.

Los empresarios y los trabajadores estarán exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social a partir de los dos nuevos supuestos de derecho a la jubilación: a los 65 años de edad y 38,6 meses cotizados y a los 67 años y los 37 años cotizados.

Casi 900.000 agricultores equipararán sus derechos sociales 

Gobierno, patronal y sindicatos han firmado un principio de acuerdo histórico en el campo: la integración del Régimen Especial Agrario dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Esto es, hacer que los agricultores asalariados vean igualados sus derechos con el resto de los trabajadores españoles. El logro es histórico porque nunca en democracia se han conseguido equiparar los derechos de estos empleados y afecta a 865.000 trabajadores. El cambio es tal que el Ejecutivo ha tenido que dar un plazo transitorio de 20 años para su ejecución. Aunque a 1 de enero de 2012 los agricultores ya tendrán unas condiciones que se aproximarán a las del resto de los regímenes, las empresas tendrán ayudas por parte del Gobierno para cubrir el salto de cotización ya que se subirá la base reguladora (ahora fija en 900 euros), hasta un nivel en línea con los salarios. Se les reconoce además derechos como la jubilación anticipada o la prestación por desempleo. 

El texto fija las cifras de las nuevas pensiones

Penalización trimestral

El derecho a jubilarse de forma anticipada se penaliza por el tiempo que dista para cumplirse el nuevo umbral de jubilación (65 años biológicos y 38,6 cotizados o 67 años y 37 cotizados) con un 1,875% menos de prestación cada trimestre.

Pensión mínima

No podrán jubilarse de forma anticipada los que no hayan logrado una prestación superior a la pensión mínima. En el caso de la jubilación voluntaria, la cuantía debe ser superior al 125%.

Cálculo

Hasta el 31 de diciembre de 2016, los trabajadores que hayan sido despedidos y que hayan percibido el subsidio por desempleo durante al menos tres años dentro del periodo de cálculo para cuantificar la pensión, podrán optar por que se les tomen los últimos 20 años sin respetar los periodos transitorios.

Edad de los becarios

El Gobierno limita el colectivo de becarios que podrán acceder al reconocimiento de su periodo de formación reglada a aquellos que tengan menos de 32 años en el momento de entrar en vigor la ley. Se les reconocerán dos años como máximo de beca.