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Once detenidos en el desahucio con excavadora ordenado por Ana Botella

Furgones policiales y maquinaria pesada han tomado la calle Ofelia Nieto (en el barrio madrileño de Tetuán) para derribar un inmueble en el que vive una familia con tres menores y que ha sido símbolo de la resistencia popular a los desahucios. 

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Agentes de Policía Municipal ante las personas subidas en una excavadora que trataban de evitar el desalojo de la vivienda de la calle Ofelia Nieto 29EFE/Javier Lizón

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MADRID.- El edificio de Ofelia Nieto 29, que se había convertido en símbolo de la lucha antidesahucios, ha sido derribado. El Ayuntamiento de Madrid ha enviado una excavadora para tirar abajo la vivienda y desahuciar, de esta manera, a una familia con tres menores. Fuentes policiales han informado de que hay once detenidos. 

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"Arrancaron de cuajo la puerta con la ayuda de una excavadora", ha señalado Ángeles Gracia, una de las propietarias de la vivienda, 
que ha asegurado que los agentes llegaron a la vivienda "sin previo aviso" y "sin ninguna notificación u orden de entrada". 

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La difusión por las redes sociales de la llegada de casi una decena de furgones policiales y vehículos de obra a la vivienda de Ofelia Nieto bajo la etiqueta #ON29 ha provocado una gran movilización. Decenas de activistas y vecinos han acudido para ofrecer su apoyo e intentar frenar el derribo. De hecho, a las 10.30 de la mañana alrededor de 10 personas han conseguido subirse a la excavadora parar tratar de impedir que llevara a cabo su cometido. 

Sobre la vivienda pesaba una sentencia judicial de expropiación, en base a un plan de desarrollo urbanístico, por el que el Ayuntamiento expropió numerosas viviendas y ha realojado a 15 familias. En el caso de la vivienda de la calle Ofelia Nieto 29, son seis metros cuadrados los que interfieren en el diseño de la acerca que refleja el plan urbanístico.

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Tres unidades de la familia Gracia González llevan más de 50 años viviendo en la casa del barrio de Tetuán. Desde julio de 2013 resisten en la vivienda cuando un auto judicial emitía una orden de desahucio y “autorizó la entrada en domicilio”. En el mes de agosto el Ayuntamiento notificó a la familia que para el día 14 deberían haber trasladado sus muebles y abandonado la vivienda y que de no ser así desde la administración podrían recurrir a las Fuerzas de Seguridad para proceder al desalojo.

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