Un día después de conocerse que el Govern balear (PP) había anulado los conciertos con las clínicas privadas que realizan abortos, la consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carme Castro, aseguró ayer en el Parlamento autonómico que "se respetará el derecho a abortar de todas las mujeres" que manifiesten su intención de interrumpir de manera voluntaria el embarazo, tal y como marca la legislación. Sin embargo, la consellera no concretó cómo se podrá garantizar dicho derecho sin contar con las clínicas.

Por ello, el diputado del Grupo Socialista del Parlament y exconseller de Salud Vicenç Thomàs, quien había interpelado a la consellera sobre el particular, consideró que el IB-Salut, el servicio de salud balear, debería de informar acerca de la manera en la que piensa hacer efectivo este derecho, ante la posibilidad de que los centros públicos puedan tener dificultades para asumir un aumento de estas intervenciones, muchas de las cuales eran realizadas hasta ahora por clínicas privadas por medio de conciertos con la Administración.

El diputado socialista consideró que la retirada de las subvenciones ha dejado a las mujeres de las islas en una situación de "incertidumbre", y apostilló que "la percepción" es que a la consellera "no le preocupa", informa Europa Press. "Ni un parto ni un aborto entienden de listas de espera", advirtió Thomàs, que pide a la consellera que "deje de guiarse por aquellos que niegan el derecho a decidir a las mujeres", ha recomendado Thomàs a Castro. A juicio del diputado socialista, Castro "no cumplirá su obligación de garantizar este derecho a decidir, libre y responsable, de una mujer".

El argumento para anular los conciertos es claro: no hay dinero para mantenerlos. Al tratar que todos los abortos se lleven a cabo en hospitales públicos, Balears cumpliría como ninguna otra comunidad con la Ley del Aborto. No obstante, el elevado número de médicos y profesionales sanitarios que objetan en la sanidad pública hace complicado que todos los abortos se hagan en centros públicos, como reconocía esta misma semana en Diario de Mallorca Manuel Usandizaga, jefe de Ginecología del hospital público Son Espases de Palma. A su juicio, es complicado que los hospitales públicos puedan hacerse cargo de los más de 3.000 abortos que realizan cada año las clínicas privadas en Balears.