El Banco de España quiere tener absolutamente controlado todo lo que pasa en el sector financiero español en este momento y también previstas las soluciones para los problemas que inevitablemente saltarán en el futuro próximo. Además del fondo de rescate que está ultimando el Gobierno, el organismo que dirige Miguel Fernández Ordóñez quiere tener otras opciones en sus manos para evitar males mayores y, por eso, ha exigido a bancos y cajas que le precisen todos los activos que tienen en su poder y que pueden ser susceptibles de ser vendidos.

El supervisor quiere calcular de cuánto dinero podrían disponer las entidades financieras, especialmente las cajas, para no caer en pérdidas este año y, especialmente, el próximo. En 2010, tendrán que afrontar una fuerte caída de los márgenes por la bajada de tipos de interés, un fuerte descenso del negocio por la escasa concesión de créditos y un mayor coste de las provisiones crediticias porque habrán agotado prácticamente sus ahorros de los últimos años.

Entre los activos que podrán poner a la venta están desde las redes de oficinas, que las grandes entidades ya han vendido, hasta su cartera de participaciones bursátiles. Lo malo es que en ambos casos los precios han bajado mucho y no podrán apuntarse grandes plusvalías. Desde que se inició la crisis, se han volatilizado aproximadamente 30.000 millones de euros de plusvalías de sus acciones en bolsa y es casi imposible materializar los otros 40.000 millones que tienen en inmuebles y filiales de seguros porque nadie quiere comprar.

Dada la dificultad para convertir en dinero esas posesiones, el Banco de España está metiendo prisa para que se ponga en marcha cuanto antes el Fondo de Reestructuración y Organización Bancaria (FROB). Desde Luxemburgo, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, confirmó que se aprobará este mes con 9.000 millones de euros de dotación y una capacidad de endeudamiento de hasta 90.000 millones. Tras el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), Salgado reprochó al PP que aleje el acuerdo por las discrepancias en cuanto a los detalles y confesó su 'sorpresa' por las dudas del responsable de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, quien aseguró el lunes que el acuerdo está todavía lejos, informa Daniel Basteiro.

En uno de los puntos de mayor fricción, el del poder de veto de las comunidades autónomas a fusiones de cajas ordenadas por el Banco de España, Salgado aseguró que 'si una entidad financiera tiene problemas' y requiere la intervención del regulador nacional, es el propio Banco de España 'el que debe decir cuál es el camino a seguir', aseguró.

Este aspecto está, en todo caso, en discusión todavía, porque el PP quiere que se concrete antes de la fusión qué comunidad autónoma supervisará a la caja resultante. Eso requiere un cambio de la normativa de cajas que no están dispuestas a aceptar la mayoría de las autonomías.

Lo que no requerirá su autorización y el Gobierno tiene prácticamente decidido es que las cuotas participas de las cajas similares a las acciones de los bancos pasen a tener derechos políticos. De esa forma, el fondo podrá comprarlas (con la consiguiente inyección de dinero a la caja con problemas) y hacerse con el control de la entidad. El Ejecutivo eliminará también la restricción que impide a un inversor hacerse con más del 5% del capital de una caja por medio de las cuotas.

Lo que está todavía por concretar es qué hará el Banco de España con esos títulos una vez que haya saneado a la caja en cuestión. La dificultad estriba en que no puede vendérselas a cualquier inversor porque eso supondría la privatización de la caja, que es algo que se pretende evitar.

El Gobierno confía en llegar a un acuerdo en los próximos días, aunque el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, dijo a Reuters que 'no hay conversaciones de ningún tipo con el Gobierno sobre este tema'.