Batalla en Bruselas por la ayuda al carbón español

La reunión semanal de la Comisión Europea vivirá hoy un largo debate a cuenta de las ayudas al carbón nacional.

Los subsidios para obligar a las eléctricas a quemar carbón español que el Gobierno aprobó en febrero necesitan la autorización del Ejecutivo comunitario, máxima autoridad en materia de ayudas de Estado.

Aunque tanto el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, como el titular de Competencia, Joaquín Almunia, defienden la legalidad de los subsidios, una mayoría de comisarios se opone. "Son irreconciliables con nuestras políticas medioambientales y de liberalización del sector", en palabras de un alto funcionario.

En el debate se mezclan además los intereses de Alemania, que pretende seguir subvencionando a sus minas hasta 2018, y un nuevo reglamento comunitario sobre el carbón aún en discusión.

Almunia y Barroso apoyan la ayuda, que rechaza buena parte del Ejecutivo

Comisarios como el de Medio Ambiente, Janez Potocnik; la de Acción Climática, Connie Hedegaard, o el de Industria, Antonio Tajani, creen que "aprobarlas sería una muy mala señal y una incoherencia con la Estrategia 2020", un alegato en favor del crecimiento limpio y sostenible que respaldan todos los jefes de Gobierno.

Varios comisarios piden, incluso, "una investigación" para comprobar si la seguridad energética con la que España justifica la norma se vería o no dañada y recuerdan que las críticas a los subsidios vienen también de la Comisión Nacional de la Energía y varias autonomías que importan carbón.

El equipo de Joaquín Almunia evitó ayer hacer ningún comentario, pero una portavoz aseguró que la decisión, que se esperaba para principios de mes, no se pospondrá de nuevo. Almunia cree que las ayudas son legales y que su aprobación es un asunto meramente técnico y no político.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, la Comisión podría aprobar las ayudas con la condición de que duren tan solo unos años y se limiten al máximo los criterios para recibirlas. Grupos ecologistas como WWF o Greenpeace han pedido a Bruselas que las bloquee.