Las becas realizadas en cualquier año contarán para la jubilación

La ponencia de la Comisión de Trabajo que está debatiendo en el Congreso el texto definitivo de la reforma de las pensiones introdujo cambios en la futura ley que puede afectar a miles de ciudadanos. Según quedó redactado el texto, y a la espera de su desarrollo reglamentario, cualquier becario que pueda acreditar un periodo de formación reglado por un periodo máximo de dos años podrá solicitar que se considere ese tiempo como cotizado a efectos de la edad de jubilación.

El texto original que propuso el Gobierno limitaba a un periodo de cuatro años anterior a la entrada en vigor de la reforma la posibilidad de que se reconociera ese periodo. Ahora, esta posibilidad se extiende a los ahora trabajadores que fueron becarios incluso en décadas pasadas, siempre y cuando lo puedan demostrar con algún tipo de documentación oficial.

El ponente de CiU, Carles Campuzano, fue el encargado de defender esta enmienda que -dice- persigue que profesiones como abogados o investigadores vean premiadas todas sus carreras de cotización. De seguir esta medida en línea con lo propuesto (y aceptado por el resto de los partidos políticos), miles de exbecarios (este tipo de formación se disparó a principios de los noventa) podrían solicitar su cómputo.

El miércoles se convalida la reforma de los convenios colectivos

Además, CiU también logró introducir una enmienda para adelantar la edad de jubilación anticipada a los discapacitados que acrediten una minusvalía superior al 45%. Estos trabajadores podrían retirarse con el nuevo sistema de pensiones a los 56 años, en lugar de a los 58 que contempla la ley.

En el paquete de propuestas también se deslizó una enmienda para estudiar posibles exenciones o bonificaciones a los trabajadores autónomos que se encuentren con problemas económicos con el fin de evitar que cesen su actividad. Sin embargo, el texto queda muy abierto para saber cómo se materializará esta medida.

Además, el PSOE introdujo la enmienda que propone que las empresas de más 500 trabajadores que tengan beneficios y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tendrán que asumir el paro de los despedidos. Asimismo, el miércoles se convalida la reforma de los convenios colectivos con la previsible abstención del Partido Popular.