La Cámara de Diputados italiana dio hoy el voto de confianza pedido por Silvio Berlusconi para su cuarto Gobierno, un "sí" que se daba por descontado dado que la coalición conservadora tiene mayoría absoluta en la Cámara baja.

Tras este primer "sí" parlamentario, ahora toca al Senado, que votará la confianza mañana y que también se espera afirmativa, ya que los conservadores cuentan asimismo con mayoría absoluta en la Cámara alta.

Hoy votaron a favor 335 diputados, mientras que 275 lo hicieron en contra y uno se abstuvo.

El voto se produjo al final de la segunda jornada del debate de investidura en la Cámara de Diputados, en la que intervinieron los líderes de la oposición, Walter Veltroni, del progresista Partido Demócrata (PD), Antonio Di Pietro, de Italia de los Valores (IDV), aliado del anterior, y el democristiano Pierferdinando Casini.

Veltroni dijo que harán una "oposición constructiva" y advirtió a los conservadores que no se puede "criminalizar" a los inmigrantes, en referencia al paquete de medidas urgentes sobre seguridad y contra la inmigración ilegal que ya tiene prácticamente concluido el Ejecutivo.

"Votaremos contra su Gobierno, pero estaremos al lado en las medidas encaminadas para lograr una Italia más ecuánime", dijo Veltroni en su declaración de voto.

El dirigente progresista dio su apoyo a Berlusconi para las reformas,: ley electoral, reducción del número de parlamentarios y del coste de la vida política y medidas para ser más eficaz la autonomía y la libertad de información.

En ese punto, el ex comunista Veltroni dijo que "las buenas intenciones" del Gobierno se verán rápidamente con la renovación del consejo de administración de la televisión pública RAI, en referencia a si apoyarán "la independencia" de la RAI de las fuerzas políticas.

Aunque al igual que sus compañeros de partido apreció el nuevo tono más conciliador de Berlusconi, Veltroni reconoció que la derecha tiene una mayoría aplastante, pero señaló que "más que los números lo que cuenta es el proyecto político" y que el Gobierno le falta uno "alto y fuerte" para cambiar el país.

Antonio Di Pietro, el ex juez de la operación anticorrupción Manos Limpias, pronunció el discurso más duro de la sesión contra Berlusconi y sin usar medias palabras dijo que ellos no caerán en la "tela de araña" confeccionada por Berlusconi.

"Tenemos memoria y no queremos perderla. Conocemos bien su historia personal y política", dijo Di Pietro.

El ex juez y político denunció que Berlusconi "odia a los jueces que hacen su trabajo" y que quiere una justicia "débil con los fuertes y fuerte con los débiles".

Di Pietro aprovechó para criticar también a Veltroni por su supuesta "debilidad" frente a Berlusconi y se preguntó con sorna "¿pero está el PD en el aula?.

El democristiano Casini, ex aliado de Berlusconi, votó en contra, aunque anunció una oposición leal. También le pidió que haga "un buen uso del poder", ya que, subrayó, los italianos le han dado más poder que a ningún otro político de la historia republicana.

Berlusconi, en su turno de réplica, reiteró su disponibilidad al diálogo con la oposición para realizar las reformas institucionales y para temas candentes, como el de la seguridad, uno de los prioritarios del Ejecutivo.

Seis días después de jurar como presidente del Gobierno, Berlusconi se presentó ayer y hoy ante la Cámara de Diputados para pedir el voto de confianza que dé plenos poderes al Ejecutivo.

Pronunció un corto discurso, de 27 minutos, preparado por él, según fuentes conservadoras, y de tono conciliador.

Dijo que las primeras prioridades del Ejecutivo son acabar con la basura en Nápoles, reducir los impuestos (entre ellos el de bienes inmuebles), el federalismo fiscal y garantizar la seguridad.

Sobre el paquete de medidas de seguridad, que ha levantado recelos en algunos países, como Rumanía, el ministro de Interior, Roberto Maroni, dijo que lo presentará para su aprobación al Consejo de Ministros del día 21, que se celebrará en la sureña Nápoles.

Maroni no descarta que se introduzca en el código penal el delito de inmigración clandestina, al que se oponen grupos humanitarios y destacados miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Martino ha dicho que es un "error" y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.