El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo hoy que la Abogacía del Estado interpondrá esta semana o "a primerísimos" de la que viene la demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su presunta vinculación con Batasuna.

Tras reunirse con los representantes de diversos movimientos ciudadanos y ecologistas de Murcia, Bermejo recordó que el pasado viernes el Consejo de Ministros dio la autorización al servicio jurídico del Estado para iniciar los trámites de ilegalización de estos partidos, y dijo que "en estos momentos, se trabaja intensamente" en el caso.

"No hay que meter prisa a los servicios jurídicos, pero es probable que durante esta semana o como mucho a primerísimos de la que viene hayan acabado sus trabajos y se hayan tomado ya las decisiones de interposición que se estimen oportunas", reiteró.

Por otra parte se refirió a la manifestación del pasado sábado en Bilbao contra la decisión del Tribunal Supremo de condenar al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak en 2003, y dijo que respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

"Hemos luchado mucho es este país para que la gente pueda manifestarse, pero es igualmente importante la lucha por el respeto a las decisiones judiciales", afirmó Bermejo, quien indicó que ese respeto debe cumplirse "sobre todo" por parte de los responsables de las instituciones y "cuando el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, primero se respeta, en segundo lugar se acata y en tercer lugar si se quiere se critica o se interpone un recurso".

Asimismo, el cabeza de lista del PSOE de Murcia al Congreso de los Diputados hizo mención a la polémica surgida en torno al aborto, y señaló que la actual legislación ha servido durante las dos últimas décadas, "pero en estos últimos años ha habido una ofensiva perfectamente organizada por parte de asociaciones pro vida" contra la ley del aborto, "en sintonía con el embate de un sector del episcopado español".

En este sentido apuntó que en materia de aborto la ley "ha funcionado", pero que ante las denuncias de "presiones sobre mujeres que han ido a abortar" y de que "se está invadiendo su intimidad", el Gobierno ha dado instrucciones al fiscal general del Estado "para que se impidan este tipo de actuaciones".