Bermejo niega el colapso en Justicia pero admite un retraso en los juzgados de ejecutorias

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha negado hoy que exista un colapso en la Justicia, aunque ha admitido que existe un retraso en los juzgados de ejecutorias penales, que serán objeto de un seguimiento continuo por el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En rueda de prensa, Bermejo se ha pronunciado sobre el informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial que aborda la situación de los Juzgados de Ejecutorias penales de toda España y ha explicado que el proceso de ejecución es el "más lento por excelencia".

Según las estadísticas del CGPJ, existen 400.000 asuntos penales que están en trámites de ejecución, de los que según el citado informe, 269.405 corresponden a juzgados especializados en ejecutorias penales.

El titular de Justicia ha insistido en que no hay "caos" porque no es una regla generalizada y ha recordado que en 2006 ingresaron 343.431 sentencias y se resolvieron 414.957, quedando en trámite de ejecución 417.420 mientras que el año pasado entraron 348.597 y se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591.

"Lo que debe alarmarnos es que exista un retraso injustificado", ha dicho el ministro, que ha añadido que hay órganos que han tenido "severos" problemas, y es en esos casos en los que tiene que intervenir la inspección.

Debido a los niveles de pendencia "por encima de lo deseable" registrados por estos juzgados, la comisión permanente del CGPJ ha encomendado a su servicio de Inspección que realice un seguimiento continuo de estos órganos.

La comisión permanente también ha acordado remitir el informe a la comisión de organización y modernización judicial para que analice las medidas de refuerzo que ya se aplican en estos órganos y estudie su ampliación a otros.

Por su parte Cándido Conde-Pumpido, propuesto por el Gobierno para ser renovado como fiscal general del Estado, ha pedido en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el apoyo de la Cámara Baja para acometer la modernización tecnológica de la Justicia y así, aunque no se puedan eliminar los errores humanos, ha dicho, se ayude a evitar "desgraciados acontecimientos recientes".

Conde-Pumpido se ha referido, sin citarlos, a casos como el de la niña Mari Luz Cortés y el crimen de Alovera (Guadalajara), que, en su opinión, han demostrado que, aunque las nuevas tecnologías "no pueden seguramente eliminar el error humano, sí pueden contribuir a evitar que algunos se produzcan o incluso a paliar las consecuencias".

También ha reclamado consenso, un apoyo presupuestario importante y la aplicación de las nuevas tecnologías para poner a la Justicia "a la altura de lo que es necesario".

Sobre el informe del CGPJ también se ha pronunciado la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que ha asegurado que durante los últimos 20 años ha denunciado la situación en la que se encuentran los juzgados de ejecutorias penales.

Para esta asociación, la solución al problema no se alcanzará con planes de refuerzo sino con la implantación "seria y comprometida" de la creación de la Oficina Judicial, aprobada en 2003 y que no se ha puesto aún en marcha, así como con la aprobación de una ley de Enjuiciamiento Criminal "adecuada a las circunstancias sociojurídicas en que ha de ser aplicada".