El boicot a Ciudadanía conserva apoyo judicial

El magistrado de un juzgado de Toledo considera que todavía existe riesgo de lesionar los derechos fundamentales de una familia que no quiera que su hijo estudie Educación para la Ciudadanía. No importa que el Tribunal Supremo (TS) ya se haya pronunciado a favor de la asignatura. El juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de la capital manchega dictó la semana pasada dos autos de medidas cautelares que permiten a dos alumnos salir de clase cuando se imparta la materia.

Este juzgado no tuvo en cuenta el fallo del alto tribunal, conocido el pasado 28 de enero, que declaró ilegal la objeción de conciencia a Ciudadanía y afirmó que el espíritu de la asignatura no invade los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos en las convicciones morales y religiosas que ellos decidan. Los jueces díscolos consideran que las sentencias del TS (conocidas semanas tras el fallo) sólo hablan de cuatro recursos concretos y que, por tanto, no son extensibles a todos los recursos planteados por los padres cuando el juzgado o la Consejería de Educación de la comunidad correspondiente no les han dado la razón.

En Toledo existen 156 alumnos que no asisten a clase de Ciudadanía a la espera de que se pronuncie un tribunal superior al que les dictó las medidas cautelares. Según portavoces del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los magistrados que dictaron esas medidas cautelares "no pueden actuar de oficio ahora para levantarlas". Dichas medidas dejarán de ser efectivas cuando se pronuncie la sala de lo contencioso-administrativo correspondiente al juzgado que las dictó.

La sala vaticana de Andalucía

En Andalucía, hay casi otro centenar de alumnos exentos de asistir a clase por decisión provisional de la llamada sala vaticana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la que forma parte Enrique Gabaldón, hijo del presidente de honor del Foro de la Familia organización opositora a la asignatura y ex vicepresidente del Constitucional, José Gabaldón.

A pesar del fallo del Supremo, no es fácil levantar una medida cautelar. La ley establece que estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme, pero deja la puerta abierta a su revocación si "cambian las circunstancias" que llevaron a adoptarla.

El tribunal al que pertenece Gabaldón emitió en vísperas de las Elecciones Generales de marzo de 2008 el primer fallo a favor de la objeción, que ahora ha sido anulado por el TS. Este juez y sus compañeros han dictado además otra veintena de sentencias que avalan el boicot, y que, según fuentes del TSJA, el Supremo deberá resolver una a una. Fuentes jurídicas aseguraron que el TS aplicará su criterio y las tumbará con toda probabilidad.

Sin vuelta de hoja

La sala de Gabaldón, que siempre ha avalado la rebelión a Ciudadanía, no ha elaborado ninguna sentencia nueva desde el pasado 28 de enero, el mismo día que el TS votó eliminar la objeción de conciencia. Fuentes del tribunal andaluz aseguraron ayer que ya no hay vuelta de hoja y que debe aplicarse la doctrina del Supremo.

El TSJA también anuló tres expresiones y una frase de los decretos de la Junta que desarrollaban la asignatura en los capítulos más conflictivos que hablan sobre los tipos de familia. Esta cuestión está todavía pendiente de resolverse en el TS. La sala de Gabaldón sentenció que las expresiones de la Junta adoctrinaban. Y para demostrarlo utilizó en la sentencia una expresión del presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, que afirma que Ciudadanía adoctrina a través de la ideología de género: "La teoría de que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual elegida".

Las asociaciones que apoyan la objeción dicen que los recursos sobre los que se pronunció el TS no valoran conceptos que se desprendan de los libros de texto, profesores o centros que sí pueden vulnerar los derechos de los padres.