Más vale una directiva imperfecta que una realidad sin directiva. Con esta idea en la cabeza, los socialistas españoles apoyaron ayer la nueva norma sobre el retorno de los inmigrantes que aprobó el Europarlamento. De los 32 miembros del grupo socialista europeo que respaldaron la directiva que regula las repatriaciones de los inmigrantes sin papeles, 16 eran españoles del PSOE. Sólo dos de los presentes, Josep Borrell y Raimon Obiols, rompieron la disciplina del partido y votaron en contra. Un tercer europarlamentario catalán y socialista, Martí Grau, se abstuvo.

En la postura rebelde de Borrell frente a sus colegas españoles pesó el hecho de que preside la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, ante la que los jefes de Estado y Gobierno de más de 40 países en vías de desarrollo han mostrado sus temores por la nueva directiva. Los mandatarios de esos estados de África y América Latina han trasladado al ex presidente del Parlamento Europeo el temor a que sus nacionales vean mermados sus derechos cuando entre en vigor la nueva directiva de retorno.

La postura de los socialistas españoles choca con el sentido del voto que había decidido el Grupo Socialista Europeo, contrario a la directiva. Los españoles votaron mayoritariamente a favor de la directiva pese a que habían sido derrotadas todas las enmiendas que habían presentado para intentar rebajar la dureza de la norma. De hecho, desde la Ejecutiva federal del PSOE se justificó la indisciplina de los tres europarlamentarios catalanes como una actitud individual de protesta ante el rechazo de la mayoría conservadora a aceptar ninguna de las diez enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.

Javier Moreno, portavoz de los europarlametarios socialistas españoles, considera necesaria esta directiva para avanzar en la construcción de una política migratoria global. Hemos empezado por el paso más amargo, ahora tenemos que dar los demás, comentó. Moreno intentará presionar a la Comisión para que presente sus propuestas sobre la tarjeta azul para la inmigración legal, una base común de derechos para todos los extranjeros legales o sanciones contra los empresarios que contraten a sin papeles.