Botella crea una brigada de 300 detectives de la basura

La responsable del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aprobó el viernes la creación de una brigada de detectives de la basura, compuesta por 300 agentes con licencia para registrar las bolsas de residuos de los vecinos, comprobar si los separan debidamente y, en caso negativo, multarles.

Una vez depositadas en el contenedor de la calle, las bolsa de basura son propiedad municipal y las autoridades pueden husmear en su interior con total libertad. Con esta premisa, Botella, primera teniente de Alcalde del consistorio madrileño, empleará una brigada de inspectores de residuos con autoridad para sancionar con hasta 750 euros a quienes no separen debidamente los residuos.

Así lo recoge la nueva Ordenanza de Limpieza y de Gestión de Residuos, que aprobó la mayoría del PP en Madrid, y que es de inmediato cumplimiento. Cualquier infracción, un simple papel entre los envases plásticos, podrá acarrear la sanción por parte de los agentes especializados. Una multa que se impondrá sirviéndose de tres modalidades distintas de sanción.

Cuando el infractor no deje un rastro que lo identifique en su basura, el consistorio sancionará a toda la comunidad de vecinos

Los inspectores multarán directamente al ciudadano si le sorprenden al tirar la bolsa de basura, la registran en su presencia y detectan alguna irregularidad. No obstante, lo más frecuente será que los agentes se encuentren con una bolsa de residuos sin dueño. En ese caso, si la bolsa contiene algún tipo de irregularidad, el agente buscará algún tipo de documento u otro elemento que identifique al dueño (un recibo, una carta), que a partir de esa pesquisa recibirá una denuncia.

Cuando el infractor no deje un rastro que lo identifique en su basura, el consistorio sancionará a toda la comunidad de vecinos. "Si una comunidad tiene que acarrear con una derrama mensual de 750 euros por culpa de un vecino sin identificar, se crearán problemas de convivencia inesperados", denuncia Raquel López, portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida en el municipio.

Espiar a los ciudadanos

"El Ayuntamiento va a espiar, al registrar la basura va a entrar en la intimidad de los vecinos", denuncia Pedro Santín, concejal del PSOE. Y añade: "Jurídicamente, lo que está haciendo el PP es algo impresentable". Santín anuncia que su partido ha encargado un informe jurídico para analizar la supuesta ilegalidad de esta medida.

En realidad, no es la primera vez que se autoriza a unos agentes para que analicen la basura de los vecinos. En algunos municipios catalanes se sirven de este recurso de inspeccionar la basura para tratar de identificar a quien que deja sus bolsas fuera de los contenedores. No obstante, las multas que se imponen en Catalunya llegan a los 90 euros, frente a los 750 con que se prevé sancionar en Madrid. También hay casos similares en EEUU y Reino Unido.

Para poner la idea en marcha, 300 empleados ahora adscritos a Medio Ambiente (en la dirección de Gestión Ambiental Urbana e incluidos en el presupuesto de 2009) dejarán su responsabilidad pedagógica. En palabras de la propia Botella, estos funcionarios hasta ahora se encargaban de "informar a los vecinos de cómo ha de hacerse la separación de los residuos y sensibilizar sobre la importancia de esta separación". A partir de este momento, dedicarán menos tiempo a informar que a auditar las basuras de los vecinos.

La oposición sólo ve interés recaudatorio en la nueva ordenanza

La oposición sólo ve interés recaudatorio en la nueva ordenanza. "El Partido Popular no incentiva al ciudadano a comportarse de una manera positiva", reprocha López. El consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón "no ve a los vecinos como ciudadanos, sino como infractores; a lo sumo, como contribuyentes", afirma la portavoz de IU.

"No hay nadie que no incumpla la ordenanza tal y como está redactada; a todo el mundo se le escapa algo", asegura Santín.

La norma es taxativa y no modula porcentajes: equivocarse en un sólo elemento o no reciclar nada supone la misma infracción. "Ana Botella se sirve de argumentos ecológicos para imponer sanciones económicas", concluye López.