El Gobierno brasileño podría crear un Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci) especial para los Juegos Olímpicos de 2016, con el objetivo de garantizar la realización pacífica de la cita en Río de Janeiro, dijo el jueves el ministro de Justicia, Tarso Genro.

El ministro no informó de a cuánto ascendería el valor de la inversión en seguridad en la ciudad, que en los últimos días ha vivido una grave ola de violencia que ha generado preocupación internacional de cara a la organización de los Juegos.

Al menos 42 personas murieron como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad en las favelas de Río.

"Si no ganamos la batalla de Río, será muy difícil cambiar el paradigma de seguridad del país. Río tiene simbolismo y los Juegos imponen una exigencia", declaró Genro a periodistas durante una visita a la ciudad.

"Serán volúmenes aplicados y fiscalizados por el Gobierno federal, estatal y municipal, además de la sociedad, para hacer un Pronasci especial destinado a los (Juegos) Olímpicos", agregó.

El Pronasci fue lanzado por el Gobierno federal en 2007 y tiene como objetivo auxiliar a los estados en la calificación y capacitación de las fuerzas policiales.

"Conseguiremos los recursos que sean necesarios. No vamos a trazar un límite ahora. Río de Janeiro es una prioridad para nosotros. El maco de la Olimpíada es un marco temporal muy importante para reseñar la seguridad pública en el país", agregó el ministro.

Genro consideró que la seguridad pública para los Juegos Panamericanos de 2007 en Río fue un éxito, pero que el legado para la ciudad fue muy pequeño.

"La cuestión es cómo desarrollar un proyecto de Olimpíada que se convierta en un legado estable para la seguridad pública de Río", dijo.

"Durante los Panamericanos hubo un esfuerzo de las autoridades, pero después que esa fuerza fue retirada, el ritmo de criminalidad permaneció prácticamente igual", recordó.

El titular de Justicia estimó que Río de Janeiro necesita ampliar el programa del gobierno estatal de Unidades Pacificadoras de Policía (UPP) a por lo menos 50 favelas.

Actualmente, las UPP actúan en apenas cinco de más de 1.000 comunidades pobres de la ciudad.