Las detenciones efectuadas hoy en el municipio grancanario de Santa Brígida en la operación "Brisán", relacionada con un supuesto caso de corrupción, es la cuarta de este tipo que se desarrolla en esta isla después de que en marzo de 2006 se destapara en Telde el caso "Faycán".

Aunque las detenciones enmarcadas en la operación "Faycán", relacionada con una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales por parte del Ayuntamiento de Telde, el tercer municipio más poblado de Gran Canaria, con 97.525 habitantes, comenzaron el 1 de marzo, las últimas se produjeron el 16 de mayo de este año.

Fue entonces cuando a los más de 34 imputados se sumaron las detenciones del jefe de los Servicios de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde, Luis Mena, el administrador único del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, la responsable de la administración de la citada empresa en Las Palmas, Daniela Yasmina Falcón Hernández, y la empresaria María Luis Talavera Encinas.

Entre los imputados en esta operación dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, figuran el que fuera alcalde del municipio, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.

Entre los ediles también figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.

El ex alcalde Francisco Valido, así como otros cinco concejales del PP renunciaron a sus cargos el pasado 24 de noviembre.

En la "operación Faycán" fue arrestada también María Eugenia Fernández, hija de la concejala María Antonia Torres e imputada por blanqueo de capitales, al igual que sus dos hijos, Alejandro y Francisco, a los que se les atribuye el mismo delito.

Así mismo, figura como imputado el ex presidente del PP local, José Luis Sánchez.

A "Faycán" le siguió, en enero de este año, la operación "Góndola", desarrollada, bajo la dirección del juez José Alexis Negrín, en el municipio grancanario de Mogán, uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla cuya población asciende a los 16.569 habitantes.

En esta ocasión, las detenciones practicadas por un nuevo supuesto caso de corrupción urbanística afectaron al alcalde del municipio, Francisco González, quien sigue siéndolo en la actualidad tras la mayoría absoluta que el PP revalidó en los últimos comicios municipales, a otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento y a dos empresarios.

Parte de los delitos investigados en el Caso Góndola fueron presuntamente cometidos en la firma de un convenio del Ayuntamiento de Mogán con la empresa promotora Anfi-Tauro, perteneciente a un grupo internacional que promueve complejos turísticos y propiedades de lujo en la costa suroeste de Gran Canaria.

Las presuntas irregularidades urbanísticas en la firma del convenio fueron denunciadas en junio en la Fiscalía Anticorrupción por dos concejalas del PP, hoy en Nueva Canarias, que sostenían que el convenio firmado con la promotora turística Anfi-Tauro establecía compensar al consistorio con tres parcelas que no han revertido al patrimonio público.

Tras "Góndola", este verano una nueva operación anticorrupción llamada "Paraíso" y desarrollada en el principal municipio turístico de la isla, San Bartolomé de Tirajana, con casi 48.000 habitantes, provocó nuevas detenciones de ediles.

La instructora de este caso,la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, dictó el 1 de julio de este año auto de prisión sin fianza para los dos principales acusados, el ex concejal socialista de Vías y Obras Francisco Guedes, con cargos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y el empresario Alejandro Navarro, dueño de la constructora Mazzoti, con cargos de cohecho.

La magistrada dejó en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos: el hijo del edil, Jonás Guedes López, acusado de cohecho y blanqueo de capitales, y el secretario municipal del Ayuntamiento, Antonio Muñiz González, y los empresarios Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Antonio Esteban Hernández Perera, estos tres imputados por cohecho.