Bruselas afirma que el Gobierno español no ha notificado aún el Fondo para la Reestructuración Bancaria

La Comisión Europea ha insistido hoy en que el Gobierno español "no ha notificado" todavía el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del que depende el proceso de fusiones de la cajas de ahorro en España.

"No se nos puede reprochar no haber autorizado un esquema cuyos detalles no nos han sido notificados todavía", ha declarado en una rueda de prensa el portavoz de Competencia del Ejecutivo de la UE, Jonathan Todd.

El portavoz ha explicado que el Ejecutivo comunitario mantiene "discusiones constructivas con las autoridades españolas", ha confiado en disponer de una "notificación lo antes posible" y ha prometido que la CE tomará "una decisión rápidamente", en cuanto disponga de toda la información necesaria y compruebe que no viola las normas comunitarias de la competencia.

La Comisión mantiene desde hace un tiempo un diálogo con las autoridades españolas a propósito de la normativa que regula el funcionamiento del fondo de ayuda a la banca, un instrumento público clave en el proceso de saneamiento y fusiones de las cajas de ahorro en España.

Bruselas insiste en que si el esquema general deja demasiado margen de maniobra a las autoridades a la hora de decidir las condiciones de las ayudas públicas en cada caso, entonces la Comisión deberá examinar cada operación de reestructuración con objeto de asegurarse de que son compatibles con las reglas de competencia europeas.

El retraso en la aprobación del fondo ya ha provocado demoras en algunos procesos de reestructuración en España, como la fusión de Caixa Manresa con las cajas de Catalunya y Tarragona.

Las tres entidades desconvocaron las asambleas generales extraordinarias previstas para el 21 de enero, en las que tenían que aprobar definitivamente la operación, y las aplazaron hasta que Bruselas de su visto bueno al FROB.

Las tres cajas catalanas tienen previsto que el FROB suscriba participaciones preferentes de la nueva entidad por 1.315 millones de euros, cifra que, junto con sus intereses, tiene que ser devuelta por la nueva entidad en un plazo de cinco años.