El Parlamento europeo condenó este jueves los excesos urbanísticos y amenazó con congelar los fondos estructurales que España recibe si no los corrige. El informe, visto como un mensaje político pero que no tiene aplicación directa, fue redactado por la danesa Margrete Auken, de los Verdes, y apoyado por 349 votos a favor frente a 110 en contra. Tanto el PP español, que votó en contra como el PSOE, que se abstuvo, habían presentado resoluciones alternativas tratando sin éxito de sumar a sus compañeros de partido europeos.

Para la Eurocámara, los abusos urbanísticos de los últimos años han alimentado un 'desarrollo insostenible' que genera una 'corrupción endémica'. Según el texto, los desmanes del ladrillazo encuentran un aliado inesperado en la Justicia, que 'no está debidamente preparada' y propicia 'figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador'. La Justicia española no funciona y genera la impresión de 'una falta de actuación y parcialidad', asegura el informe, que fue redactado a partir de los cientos de denuncias presentadas ante la institución.

PP y PSOE lamentaron el resultado de la votación, 'un mensaje político que no implica ninguna retirada de fondos', recuerda la eurodiputada socialista Inés Ayala, para quien se ha hecho 'un chantaje y una utilización torticera' de las funciones de la cámara al amenazar con una retirada de los fondos estructurales, que en el período 2007-2013 ascienden para España a 35.217 millones de euros. El PSOE, que 'se abstuvo por respeto a los peticionarios', no comparte 'el ataque a la Justicia' y recuerda que 'el modelo urbanístico heredado del PP no se cambia de la noche a la mañana', según Ayala en conversación con Público.

El PP reaccionó con indignación al informe y culpó al PSOE de permitir una 'aberración legal' que 'tacha a España de república bananera donde no existen tribunales a los que recurrir', según el diputado José Manuel García-Margallo. Éste desmintió frases del texto aprobado, que asegura que 'laxitud' de los procesos judiciales y su lentitud hace que las sentencias no se ejecuten.

Un gran número de denuncias procedían de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, detrás de los cuales el PP ve la mano del PSOE y 'su campaña para derribar al Gobierno del PP' mediante el 'desprestigio exterior de España'.