Bruselas declara ilegal la ayuda fiscal a la compra de empresas extranjeras

La Comisión Europea se pronunciará previsiblemente hoy sobre el litigio fiscal que mantiene con el Gobierno español en torno a los actuales incentivos para la compra de compañías extranjeras. Según fuentes comunitarias, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, anunciará que tal sistema fiscal se considera una ayuda de Estado y, por tanto, es incompatible con la legislación europea.

Bruselas decidirá hoy "abrir una negociación con España para la devolución de parte de esas ayudas", según fuentes comunitarias conocedoras del expediente. El incentivo fiscal ahora cuestionado por la UE se introdujo en 2002 dentro de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (el artículo 12.5). Técnicamente, este mecanismo fiscal es conocido como la deducción del fondo de comercio financiero, y consiste en que la empresa puede desgravarse durante 20 años la diferencia entre el precio pagado por la compra de una compañía extranjera (o un paquete de acciones superior al 5% del capital) y su valor en libros.

Esta deducción ha ayudado en la mayoría de las grandes operaciones protagonizadas por las empresas españolas en el exterior en los últimos años; precisamente, el expediente de Bruselas se inició por la denuncia de un país que se consideró perjudicado por esta medida. Telefónica, Iberdrola, Abertis, Sacyr, Acciona, Santander o Ferrovial se han beneficiado de este incentivo, además de muchas pymes.

El fondo de comercio generado por esas operaciones, y que es la cantidad que se puede restar en el impuesto, supera los 30.000 millones de euros y hasta la fecha se habrían deducido ya unos 6.300 millones. "No está claro qué importe de los 30.000 millones de euros que se calcula que se iban a ahorrar las empresas españolas tendrá que ser devuelto, según las fuentes comunitarias consultadas.

En España se entiende que el daño de la decisión de Bruselas será mucho menor del temido. Fuentes de los despachos legales que han estado trabajando en este asunto aseguran que la Comisión no va a exigir la devolución de todas las ayudas, sino sólo de las que se han aplicado a partir de la fecha de inicio del expediente (en diciembre de 2007). Esto es, se salva el grueso de las ayudas; incluso estas fuentes legales apuntan que previsiblemente Bruselas permitirá que puedan seguir aplicando la deducción lo que queda de los 20 años.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se reunió hace dos semanas con la comisaria Kroes. Tras ese encuentro, Salgado dijo que "seguro que no" tendrían que devolver las ayudas las empresas españolas. Economía "mantiene su confianza en que las empresas españolas no tengan que devolver dinero", según una portavoz del Departamento, que cita Europa Press, que eludió hacer más comentarios hasta que el Ejecutivo comunitario adopte hoy su decisión.