Bruselas exige a los astilleros que devuelvan 2.000 millones en ayudas

La Comisión Europea ha exigido al sector naval español que devuelva al Estado las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, consideradas "ilegales" por Bruselas, pero que son imprescindibles para la supervivencia de los astilleros y la conservación de 87.000 puestos de trabajo.

Las subvenciones, que según cálculos del Gobierno supondrá el retorno a las arcas públicas españolas de alrededor de 2.000 millones de euros, deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros. No obstante, Bruselas no ha desvelado aún la cifra exacta de ayudas que deben reembolsarse.

La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.  

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, planteaba inicialmente que se reembolsaran las ayudas recibidas desde 2005, fecha en que Bruselas lanzó una investigación sobre un sistema francés similar. Pero los jefes de gabinete alcanzaron el lunes un acuerdo para retrasar la fecha hasta 2007, cuando se resolvió el caso francés.

El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales. 

España ha intentado que la devolución de las ayudas se contabilice a partir del 2011, momento en el que la CE abrió un expediente a España por esta cuestión, al considerar que hasta ese momento no había una "seguridad jurídica" que apuntara a la irregularidad de las mismas. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó por teléfono el lunes al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para solicitarle un fallo favorable al sector naval español, pero finalmente se ha decido que sean rembolsadas las ayudas desde el año 2007.

Esta fecha ha sido considerada insuficiente tanto por las principales comunidades autónomas afectadas -Galicia, País Vasco y Asturias-, como por los representantes del sector. La asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) advirtió de que la devolución de las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011 supondrá "la desaparición de los astilleros españoles".

La delegación española alegó además que la exención de astilleros y armadores de la obligación de devolver las ayudas no resuelve el problema porque los astilleros se quedarán sin financiación. En cambio, Almunia alega que desde noviembre del año pasado existe un nuevo sistema de bonificaciones fiscales que ha sido aprobado por Bruselas y que la industria española es puntera y podrá beneficiarse de nuevos encargos.