La Comisión Europea (CE) instó hoy al regulador español a 'modificar o retirar' su propuesta que fija los precios regulados que el operador dominante, Telefónica, puede aplicar a otros operadores que deseen vender servicios de banda ancha a través de su red. El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que ha hecho esta solicitud oficialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al considerar que ese plan podría 'ser incompatible con las normas de la UE sobre telecomunicaciones, atentar contra la competencia y no promover la inversión en la banda ancha de alta velocidad'.

La Comisión ya había advertido en junio al predecesor de la CNMC, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), acerca de sus dudas sobre dicho plan. En particular, la CE expresó su preocupación por que el modelo de fijación de precios propuesto por el regulador español pueda llevar a una tarifa regulada que superaría hasta en un 50 % la correspondiente a costes eficaces.

Por otra parte, el producto de acceso de banda ancha al por mayor es la única oferta regulada que Telefónica propone en su red de fibra óptica, y el regulador español 'no tiene previsto imponer otras salvaguardas de competencia, tales como normas de no discriminación más estrictas', apuntó. 'Después de tres meses de investigación en profundidad, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la medida de la CNMC sigue sin ser suficientemente transparente y contiene algún elemento de arbitrariedad, teniendo en cuenta que la CNMC no ha justificado en detalle los niveles de precios fijados', declaró.

La Comisión recordó que la normativa sobre telecomunicaciones de la UE exige a los Estados miembros promover la competencia y los intereses de los consumidores en la UE, así como el desarrollo del mercado único. En concreto, el artículo 7 de la directiva marco sobre las telecomunicaciones prevé que los reguladores nacionales notifiquen a la Comisión, al ORECE y a los reguladores de telecomunicaciones en otros países de la UE, las medidas que tienen previsto introducir para resolver los problemas de mercado.

Cuando la Comisión alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de las obligaciones reglamentarias propuestas con la legislación de la UE, puede iniciar una investigación en profundidad. A partir de entonces la Comisión dispone de tres meses para examinar con el correspondiente órgano regulador, en estrecha cooperación con ORECE, la manera de modificar su propuesta para que se ajuste al derecho comunitario, apuntó. Si al término de esta investigación persisten las divergencias en los planteamientos de los reguladores nacionales para definir las medidas correctoras, la Comisión puede adoptar otras medidas de armonización, en virtud de las cuales exigir al regulador nacional que modifique o retire su proyecto de medida, concluyó el Ejecutivo comunitario.