La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre el nuevo sistema fiscal de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) al tener 'dudas' sobre la compatibilidad de las aportaciones que deben hacer cadenas privadas y telecos con la normativa comunitaria.

Tras asegurar que no se opone a la modificación del sistema de financiación como tal, las autoridades comunitarias ponen en duda 'que los nuevos gravámenes [establecidos para el sostenimiento de RTVE] se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas'.

El nuevo sistema, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y supondrá la ausencia de publicidad en TVE a partir del 1 de enero, establece una doble fuente de financiación para RTVE: por una parte la Corporación recibirá fondos públicos y por otra una aportación del 3% de los ingresos anuales de las cadenas privadas en abierto, que se limita al 1,5% en el caso de los operadores de pago y al 0,9% en el caso de las compañías de telecomunicaciones, que desde el principio se opusieron a la medida.

La Comisión indica que la apertura de la investigación 'permite a la Comisión examinar las medidas más atentamente y ofrece a los terceros interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, sin prejuzgar el resultado del procedimiento'.

'La Comisión no pone, por lo tanto, ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública, pero tenemos que evaluar la manera en que se financia esta reforma', indica la Comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

Las autoridades comunitarias señalan en un comunicado que 'las normas de la Unión Europea  conceden a los Estados miembros un amplio margen de decisión sobre la manera de financiar los servicios de radiodifusión pública', aunque 'siempre que no haya ninguna discriminación injusta entre operadores y ninguna compensación excesiva'.

En consecuencia, la Comisión tiene ahora que determinar si el nuevo sistema de financiación de RTVE excluye la posibilidad de una compensación excesiva y si los gravámenes recientemente creados, que forman parte integrante del régimen de ayudas, son compatibles con la normativa de la UE.