La Comisión Europea y el Gobierno español se enfrentaron públicamente a cuenta de la regulación de los sueldos de los altos directivos de la banca. El Ejecutivo comunitario amenazó con llevar a España ante el Tribunal de la Unión Europea por no modificar la legislación sobre los requisitos de capital de los bancos y las primas en el sector privado, causantes en parte del estallido de la crisis financiera al dar rienda suelta a la toma de decisiones arriesgadas. Junto a Grecia, Portugal, Polonia, Italia y Eslovenia, España no habría transpuesto ninguna de las disposiciones que deberían haber entrado en vigor el 1 de enero, denunció la Comisión. Las normas piden que las primas no favorezcan el riesgo y da poderes a los supervisores para intervenir si no se cumplen, además de regular ciertos productos complejos y modelos de negocio bancario que pueden hacer estallar a la institución en caso de crisis financiera.

Pero el Ministerio de Economía negó que España no esté cumpliendo con la legislación europea y aseguró en una nota oficial que la directiva “está ya traspuesta en su práctica totalidad y, desde luego, en sus aspectos esenciales” en dos leyes, especialmente la Ley de Economía Sostenible, aprobada definitivamente en marzo por el Congreso de los Diputados. En ellas se puede encontrar la exigencia de “incrementar la transparencia” y mantener la “coherencia” de las políticas de remuneración con “la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva”.

La Ley de Economía Sostenible, un extenso texto legal que una multitud de reformas (incluyendo la conocida como ley Sinde), fue aprobada fuera del plazo europeo (se publicó en el BOE a comienzos de abril), pero sus obligaciones respecto a los bonus se aplican “con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011”, según recordó ayer el Ministerio.

Fuentes del Departamento de Elena Salgado reconocieron su “asombro” por “la dureza de la Comisión”, ya que la norma europea fue adoptada a mediados de diciembre, sin apenas tiempo para transponerla. Sin embargo, Economía sí reconoce que hay una parte “técnica y de carácter reglamentario” pendiente, y anunció que se incluirá de manera “inminente” en un decreto cuya tramitación está muy “avanzada”.

La Comisión, por su parte, recordó que “los Estados miembros tienen la obligación de notificar la transposición, algo que España no ha hecho”, según reconoció Chantal Hughes, portavoz del comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. “El procedimiento es automático, pero si hubiéramos tenido constancia de la notificación, lo hubiéramos parado”, aseguró la portavoz.

La reglamentación de los bonus en la UE ha transcurrido con polémica desde el estallido de la crisis, cuando se comprobó que muchos de los responsables de compras de activos tóxicos, como los paquetes de hipotecas basura vendidas como productos de alta calidad, prestaron más atención a cómo crecía su nómina con estas operaciones que a los riesgos que entrañaban. Una vez fuera de estos bancos, rescatados con dinero público, siguieron cobrando lo estipulado sin impedimento alguno. La directiva en vigor no fija topes a los sueldos o primas, algo por lo que fue muy cuestionada, pero sí obliga a un cobro escalonado y a través de acciones de la compañía para implicar a los directivos en la marcha y salud de su empresa.

Según la Comisión, es un instrumento imprescindible para “atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos” que han provocado “la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto”. Según el Gobierno, antes de la Ley de Economía Sostenible, “el Banco de España ya tenía capacidad de supervisión de las remuneraciones”.