C.S.I. canino

Un laboratorio lleno de cacas de perro, un químico analizando su ADN, agentes y veterinarios censando a más de 68.000 canes, una nueva ordenanza animal y policías locales persiguiendo a los que infringen la Ley. Aunque parezca una investigación criminal, es sólo un sistema que el PP de Córdoba estudia implantar en la ciudad para que las calles estén limpias, pero no de delincuentes sino de heces caninas.

El propio alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), ha asegurado en una entrevista en la radio que su equipo de gobierno estudia implantar un sistema novedoso y definitivo para luchar contra la incívica actitud de los dueños de perros que no recogen sus cacas. Este sistema, que se intentó aplicar a principios de año en Hernani (Euskadi) pero que nunca se llevó a cabo, consiste en crear un banco biológico con el ADN de las mascotas de Córdoba (la ciudad tiene censados a más de 68.000 perros). Cuando se encuentre una caca en el suelo, la hez se traslada hasta un laboratorio donde se analiza. Su ADN se coteja, se identifica y se encuentra al dueño del can, sobre el que cae todo el peso de la Ley: una multa de entre 30 y 300 euros y se le obliga a pagar las pruebas de ADN.

Fuentes del gobierno municipal de Córdoba aseguran que el PP se estuvo pensando, incluso, incluir esta extravagante medida en su programa electoral, pero que al final lo descartó. Las mismas fuentes insisten en que el gobierno municipal de Córdoba ya habría entrado en contacto con una empresa que es la que posee la patente en España de esta iniciativa que sí que se está aplicando en urbanizaciones acotadas de Estados Unidos y algunos puntos de Israel.

Los experimentos

En Florida, una asociación de vecinos encargó a una empresa llamada DNA Pet World Registry la puesta en marcha de la iniciativa. Los vecinos de una urbanización de apenas 485 viviendas (Córdoba tiene 340.000 habitantes) aceptaron pagar 200 dólares cada uno para crear un banco genético y entregaron pruebas de saliva de todas sus mascotas. Ahora, caca que encuentran abandonada caca que analizan y encuentran al presunto perro culpable y a su dueño irresponsable.

En Hernani, el Ayuntamiento, gobernado por Bildu, desechó esta iniciativa por su alto coste. A principios de año, el equipo de gobierno planteó la creación del banco de ADN para mascotas en un trabajo en el que también participaba la Universidad del País Vasco. El Consistorio guipuzcoano llegó hasta a aprobar una nueva ordenanza animal que obligaba a cada vecino con mascota a abonar 35 euros para un análisis de ADN de su perro. Pero tras las elecciones descartaron una medida que además se había vuelto impopular entre su vecindario.

En Córdoba, el alcalde ha insistido en que de momento la propuesta está en estudio y que no hay nada decidido. El regidor reconoce que la iniciativa es cara. El Ayuntamiento andaluz ya cuenta con un equipo dentro de la Policía Local que se encarga de vigilar y sancionar a aquellos dueños que no recogen las heces de sus mascotas. El equipo está compuesto por agentes de paisano que patrullan la ciudad pero se entiende que no dan abasto para evitar que una parte de los 68.000 perros de Córdoba ensucien la ciudad. Un verdadero marrón.