Este artículo se publicó hace 15 años.
Caamaño anuncia una inversión en Justicia de 600 millones
El Gobierno invertirá 600 millones de euros en los próximos tres años para modernizar las infraestructuras de Justicia, según anunció el jueves el ministro del ramo, Francisco Caamaño, en el Parlamento.
El nuevo titular de Justicia propuso, en su primera comparecencia en el Congreso, un gran acuerdo social para acometer las reformas necesarias para modernizar la Justicia, un sector plagado de retrasos en las tramitaciones y que ha sufrido recientemente la primera huelga de magistrados de la historia del país.
"El pueblo español no está especialmente satisfecho con el funcionamiento de la Justicia (...) existen motivos para pensar que hay cosas que no hemos hecho bien", dijo el ministro en la Comisión de Justicia.
"Los ciudadanos nos exigen que aparquemos nuestros intereses sectoriales y que alcancemos acuerdos amplios, consistentes y duraderos", añadió.
El ministro, de 46 años y que asumió el cargo el mes pasado tras la dimisión de Mariano Fernández Bermejo, dijo que la carga de trabajo se había incrementado en un 50 por ciento en los últimos años y que hoy día hay nueve millones de casos en los juzgados.
Para racionalizar el trabajo en las sedes judiciales y ganar con ello en eficacia, Caamaño propuso la implantación definitiva de la nueva Oficina Judicial y que los distintos juzgados y tribunales trabajen "con métodos del siglo XXI", como el trabajo en red y la plena informatización de los sistemas.
La modernización del sistema judicial era una de las quejas que llevaron a los magistrados a la huelga el pasado 18 de febrero, junto con la conciliación de la vida laboral o seguir controlando el señalamiento de los juicios, competencia que reclaman los secretarios judiciales.
También es intención del ministro, considerado de perfil más moderado que su predecesor, crear un Registro Civil único para todo el país, la instauración de la figura del juez de adscripción territorial y la reducción de la duración de los procesos judiciales.
En el plan gubernamental se incluye también la convocatoria de 220 plazas para jueces y 150 para fiscales, cifras que se mantendrán en los próximos años. También saldrán otras 290 plazas de secretarios judiciales.
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