El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho hoy que es una "mala noticia" que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia haya visto indicios racionales para imputar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, un posible delito de cohecho.

En declaraciones a Onda Cero, Caamaño ha considerado además que el tribunal del jurado, que, en su caso, juzgaría en Valencia el caso Gürtel, "es una institución ideal cuando de lo que se trata es de controlar, exigir o examinar la existencia o no de responsabilidades en cargos públicos".

De esta forma se ha referido al auto dictado ayer por el magistrado José Flors en el que ha decidido continuar el proceso contra Camps, al observar "indicios racionales" de un delito de cohecho en su adquisición de prendas de vestir que fueron supuestamente pagadas por la empresa Orange Market.

El ministro de Justicia ha insistido en que respeta la presunción de inocencia del presidente valenciano, pero ha advertido de que a la vista de la imputación "suena" a que hay una conducta irregular que hay que probar.

"El juez considera que sí hay indicios de la comisión de un delito y a mí, en un responsable público, no me parece un delito cualquiera", ha recalcado, ya que el tipo de actuaciones incluidas en el delito de cohecho, "cuando se trata de responsables públicos son especialmente graves".

Preguntado sobre la conveniencia de que sea un tribunal de jurado el que juzgue el caso Gürtel en Valencia, Caamaño ha alabado esta institución que, ha dicho, es la mejor forma de juzgar en muchos países, y ha recordado que los miembros del jurado pueden ser recusados tanto por la defensa como por el Ministerio Fiscal, por lo que su neutralidad "está garantizada".

Sobre si este caso es comparable con la situación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Alberto Saiz, el ministro ha dicho que es un tema diferente, ya que no hay imputación contra el segundo, y que si la hubiera nunca sería un cohecho, sino "como mucho una hipótesis de malversación de fondos públicos".

Para el ministro, si el caso Gürtel en Valencia acabara aquí se pondría de relieve la necesidad de diferenciar claramente la fase inicial del proceso penal entre el juez instructor y el fiscal.

Por ello, según el ministro, "es un buen momento" para que reflexionen los que se oponen a un modelo de jurisdicción penal distinto, como el que propone su departamento, para que la investigación la haga el Ministerio Fiscal y el juez sea un "garante de los derechos de los imputados", con lo que ha mostrado su esperanza de que el PP se sume a esta reforma.