Cabrera asegura que la implantación de Educación para la Ciudadanía no está creando problemas

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha asegurado hoy que la implantación este curso de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en siete comunidades autónomas no está planteando "ningún problema", sino "todo lo contrario".

En el Foro de la Nueva Sociedad, la ministra ha calificado como "original" la reacción que ha suscitado en España la asignatura, en alusión a la campaña de objeción de conciencia promovida por varias organizaciones.

Después de pronunciar la conferencia "Universidad y sociedad", Cabrera ha insistido, durante el coloquio, en que la asignatura es fruto del diálogo "intenso" en todo momento, tanto antes como durante la tramitación parlamentaria de la LOE y en el desarrollo de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas.

La materia existe en la inmensa mayoría de los países europeos y es una asignatura demandada por "profesores, por asociaciones de padres, por una inmensa mayoría", ha subrayado.

Preguntada por la disparidad de los manuales de texto de distintas asignaturas según las comunidades autónomas, Cabrera ha asegurado que confía "absolutamente" tanto en la dignidad de quienes escriben los libros como en los centros escolares y en los profesores que imparten las asignaturas para decidir cuáles utilizan.

Ha resaltado que el sistema educativo se basa en el respeto y la confianza, ya que las competencias están transferidas, pero también hay unos mecanismos de garantías a través de la inspección de las CCAA y de la inspección general del Ministerio.

Ha recordado que la LOE, como la LOCE, obligan a Educación a elaborar entre el 55 y el 65 por ciento de las enseñanzas comunes.

"Esto, en principio, garantiza la existencia de una base común en todas las materias que luego las comunidades completan", ha precisado.

Estos libros no necesitan autorización administrativa previa desde 1998, con lo que Cabrera se ha mostrado de acuerdo.

La ministra ha defendido la reforma del Bachillerato en la idea de que los alumnos llegarán mejor preparados a la Universidad y ha calificado de "flaco favor al sistema educativo" que se diga insistentemente que la educación va de mal en peor, aunque siempre debe mejorar.

"Si fuera así, España no sería la potencia económica que es ni la sociedad española se habría modernizado" en los últimos 30 años, ha argumentado.

Entre otras cosas ha mencionado como objetivo "la gratuidad de los libros de texto" y una formación inicial y continua del profesorado de Secundaria que refuerce su autoridad.

Sobre inmigrantes, las CCAA tienen un papel "decisivo", ha comentado, en que se cumpla la ley para que centros públicos y privados compartan la responsabilidad de su escolarización.

Interrogada por las regiones con las tasas de abandono escolar más alto, ha explicado que las administraciones pueden trabajar para revertir la tendencia con un sistema educativo "más flexible".

Ha atribuido los datos, más altos que la media europea, a cuestiones como un modelo de desarrollo económico capaz de atender la demanda laboral, pero no basado en mano de obra cualificada, cuando debe tratarse de más años de formación y trabajos que requieran mejor preparación.