La dirección de la cadena de electrodomésticos Urende ha accedido hoy tras doce horas de negociación acudir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tal y como plantearon anteayer los representantes sindicales de los trabajadores.

Después de mantener desde ayer un encuentro que comenzó a las 12.30 horas, los representantes de la compañía han decidido incluir a 450 empleados, un 65 por ciento de su plantilla, en un ERTE con la condición de que, transcurridos sesenta días, si la empresa no redefine su deuda, estos trabajadores se incluyan en un ERE ordinario.

Ese porcentaje de la plantilla, que los representantes sindicales "confían que sea menor", según Antonio Vacas, secretario general de Comercio de la UGT, si tras el ERE, acabasen siendo despedidos, serían indemnizados con 25 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades más la suma de trescientos euros por empleado.

De la misma manera, cada trabajador que regresase a su puesto de trabajo tras los expedientes de regulación, cobraría cien euros, cincuenta por cada mes en situación de ERTE, y regresaría en las mismas condiciones laborales que estableciese su convenio.

Para los representantes sindicales, tal y como ha declarado Vacas a Efe, esta decisión empresarial puede "reducir" el número de empleados despedidos y el número de tiendas cerradas que, en principio, afectarían a 16 de las 22 que tiene la compañía en España.

Vacas valora el "esfuerzo que han hecho la empresa", aunque recalca que la propuesta tendrá que ratificarse por la totalidad de los empleados, una vez que se les explique cómo se han desarrollado las negociaciones hasta la fecha.

Con esta decisión, la filial perteneciente al Grupo Sánchez Ramade se ahorraría los Seguros Sociales de los trabajadores durante estos dos meses, al margen que "ganaría tiempo", aclara Vacas, para "replantear su futuro".

En este sentido, el portavoz de la empresa, Juan Francés, en declaraciones a Efe, ha aseverado que "no tiene nada que comentar" tras las tres jornadas de negociación.

La propuesta inicial de Urende contemplaba indemnizaciones de veinte días por año de servicio para cada trabajador y el cierre de 16 de sus tiendas en toda España, algo que los sindicatos "no firmarán en ningún caso", recalcó Vacas.

Actualmente, Urende, donde trabajan a un total de 727 personas, se encuentra en situación de preconcurso de acreedores y mantiene una deuda próxima a los 180 millones de euros con la banca que intenta renegociar.