El Ejecutivo reformará en 2010 la Ley de Libertad Religiosa, vigente desde 1980. El objetivo, según De la Vega, no es otro que "adaptar la norma a la realidad vigente". Una realidad muy diferente a la de hace 30 años, cuando el catolicismo era la única confesión religiosa. Hoy, los católicos siguen siendo mayoría, pero junto a ellos conviven más de millón y medio de musulmanes, un millón largo de evangélicos y otros dos millones más de creyentes de otras religiones (mormones, Testigos de Jehová, judíos, budistas).

La voluntad del Gobierno es alcanzar "el mayor consenso posible" para esta reforma, en cuyo debate propone implicar a responsables de todas las confesiones consideradas "de notorio arraigo". Para ello, se pretende crear un observatorio sobre el pluralismo religioso, así como concluir con los estudios que, desde hace tres años, viene realizando la Fundación Pluralismo y Convivencia acerca de la situación religiosa en las principales capitales, comunidades autónomas y en el ámbito estatal.

El debate de la ley viene contaminado por las recientes polémicas sobre la presencia de los símbolos religiosos en la vida pública. Aunque la mayoría de los españoles no ven la cruz como algo molesto, la pluralidad confesional hace cada vez menos conciliable la existencia de Biblias o crucifijos en tomas de posesión de cargos públicos, ayuntamientos o centros escolares.

Junto a ello, la "situación de privilegio" de la Iglesia católica respecto al resto de confesiones que de hecho se mantendrá mientras no se reforme el Concordato o se modifique el artículo 16.3 de la Constitución es el aspecto que más preocupa a los responsables de la reforma.

¿Café para todos o privatización del hecho religioso? Hay quien opina que el impacto público de la religión rebasa lo legítimamente aceptable, y quien, por el contrario, apunta que la reforma debe equiparar los derechos de todas las confesiones sin que ello suponga un menoscabo para los "privilegios" adquiridos de la Iglesia .

El Episcopado no ha entrado aún en el debate. Sí lo ha hecho el obispo de Almería, Adolfo González Montes, quien afirmó que la revisión de ley "podría ser injusta con la mayoría católica". Para el obispo, "hay que proteger los derechos de las minorías, sin vulnerar los que ya tienen las mayorías".