Si hay alguien en entredicho en este momento en el mundo económico en España, es el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En pocos días, ha recibido reprimendas de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Celestino Corbacho a costa de sus afirmaciones sobre las pensiones.

Pero si sus encontronazos con el Gobierno son relativamente frecuentes, lo inusual es la advertencia que tuvo que escuchar ayer desde la patronal de cajas sobre la gestión de la crisis de Caja Castilla La Mancha (CCM). El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, pidió responsabilidad al Banco de España en la gestión de la caja, porque cree que es viable y que los administradores públicos deben conseguir que así sea, sin plantearse la posibilidad de liquidación. Y, sobre todo, tendrán que hacerlo –avisó Quintás– sin gastar más dinero del que en principio se fijó como cuantía necesaria para sanear la caja “y, en ningún caso, más de lo que pidió Unicaja porque habríamos hecho un mal negocio”, apostilló.

El Banco de España valoró en 1.200 millones los préstamos de dudoso cobro de CCM, mientras que Unicaja, que estaba en negociaciones para fusionarse con la entidad castellano-manchega, los cifró en 3.000 millones. En base a la cifra estimada por el organismo supervisor, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se negó a dar a la caja andaluza lo que pedía para rematar la fusión y fue imposible llegar a un acuerdo. Para Quintás, si ahora el Banco de España eleva las necesidades de saneamiento, estaría demostrando que “valoró mal o gestionó mal” la operación de intervención.

Por otra parte, Nueva Rumasa, que no tiene ningún banco en su cartera de negocios, se ha ofrecido para gestionar la caja intervenida.

Quintás también pidió ayer responsabilidad al Gobierno, al que reclamó rapidez en la instauración del fondo de rescate, cambios contables para poder diferir el castigo de la morosidad que, de mantenerse como está ahora, podría obligar a intervenir alguna otra caja, y modificaciones legales para que sea el Gobierno el que decida sobre las fusiones entre cajas.

Además, pidió al Ejecutivo que prepare un “plan de contigencia ante riesgos catastróficos, que los hay, aunque son de bajísima probabilidad”. Citó como ejemplo a los gobiernos británico y suizo, que tienen prevista la posibilidad de rescate de algún banco demasiado grande para dejarlo caer.

Por otra parte, la agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó ayer la nota de la deuda de Caja Madrid por su concentración de riesgo en los sectores promotor e inmobiliario, y por el rápido deterioro de la calidad de sus activos.